El análisis de imágenes del satélite PerúSAT-1 permitió identificar 236 dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro, 118 canaletas de lavado de mineral, 242 instalaciones operativas y cinco campamentos clandestinos en la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios. La evaluación, realizada a finales de agosto, abarcó más de 33 mil hectáreas en los distritos de Inambari y Laberinto, provincia de Tambopata.
El trabajo lo realiza la Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (DIVAN) de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que procesa imágenes del PerúSAT-1 y de otras fuentes satelitales mediante técnicas de teledetección y análisis geoespacial. Así identifica instalaciones, áreas intervenidas y otros indicios de actividad minera ilegal, incluso en zonas de difícil acceso del territorio nacional.
A partir de los puntos detectados, agentes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, junto con representantes de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público, se desplazaron a la zona para intervenir campamentos, maquinarias e insumos vinculados a la minería ilegal.
Informes técnicos como insumo para los operativos
Los informes elaborados con imágenes satelitales, mapas y análisis especializados sirven como insumo estratégico para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según lo difundido, esta información facilita la identificación de maquinaria, campamentos e instalaciones usadas en la extracción ilegal y permite planificar con mayor precisión las intervenciones en el terreno.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se refirió al uso de esta tecnología: “Con el uso de la tecnología, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ratifica su compromiso de combatir a las organizaciones criminales que depredan nuestra Amazonía y dañan el medio ambiente”.
La evaluación también evidenció la degradación de más de 4 mil hectáreas de bosque amazónico en la zona examinada, como consecuencia de las actividades de extracción ilegal de minerales. Esa cifra corresponde al territorio evaluado y no representa un balance de toda la región.
Resolución de 70 centímetros y control desde Pucusana
La Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) explica que el PerúSAT-1 genera imágenes con una resolución espacial de 70 centímetros y es controlado desde Pucusana. El sistema también permite acceder a imágenes de otros sensores, lo que amplía las herramientas disponibles para las instituciones que vigilan el territorio.
El uso de información satelital, articulado con las acciones de las fuerzas del orden, se enmarca en la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros.
De la imagen al resultado en el terreno
El desafío, según lo expuesto por las fuentes del caso, es convertir esas imágenes en resultados concretos: maquinaria retirada, campamentos desarticulados, responsables identificados y daños ambientales que puedan ser investigados. La vigilancia satelital, por sí sola, no reemplaza las intervenciones ni las investigaciones fiscales, pero puede mejorar la capacidad del Estado para actuar sobre territorios extensos y de acceso complicado.
El caso de Tambopata muestra esa combinación: las imágenes permiten identificar indicios y dimensionar la intervención humana sobre el bosque, mientras que los operativos en terreno deben determinar qué actividades constituyen delitos, quiénes las ejecutan y qué responsabilidades corresponden.
El avance de la minería ilegal en la Amazonía
La minería ilegal ha marcado la agenda ambiental en el país. Un informe de Conservación Amazónica (ACCA) difundido en agosto de 2025 daba cuenta de que ya son nueve las regiones amazónicas con minería ilegal de oro detectada: Puno, Cusco, Huánuco, Loreto, Amazonas, Ucayali, Cajamarca, Madre de Dios y Pasco.
En Madre de Dios, la violencia asociada a esta actividad también alcanzó a defensores ambientales. El sábado 26 de julio de 2025 fue asesinado Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata, una de las regiones más afectadas por la minería aurífera, principalmente ilegal, y por la criminalidad organizada vinculada a ella, según reportó Mongabay Latam.
El mismo medio consignó que en el Congreso se presentaron proyectos para ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2027, y que hasta el cierre de esa edición el Parlamento había extendido el plazo para formalizarse. También registró la violencia en Pataz, en la costa norte del país, que en mayo de 2025 dejó 13 muertos.
Mongabay Latam citó además a Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien señaló que la minería ilegal marcó la agenda ambiental “tanto desde la perspectiva de lo que está pasando en los territorios como también desde el punto de vista legislativo”, y que el precio alto del oro está generando un incremento de la actividad.
El desafío en Arequipa
Aunque el caso de Madre de Dios se concentra en la Amazonía, otras regiones enfrentan una realidad minera que exige vigilancia y fiscalización permanente. En Arequipa, las provincias de Caravelí, Camaná y Condesuyos registran una importante actividad de pequeña minería, según lo reportado, y el reto es controlar la actividad minera informal y evitar que las redes ilegales se expandan.
Con 236 dragas y 118 canaletas identificadas solo en el área evaluada de Tambopata, la información satelital se consolidó como herramienta para orientar los recursos del Estado hacia puntos con indicios de actividad ilícita en zonas de difícil acceso.
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