Una nueva denuncia contra el senador Íber Maraví, de Juntos por el Perú, se encuentra bajo evaluación de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y de la Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo. El caso surge del testimonio de Carlos Orlando Díaz Díaz, exintegrante de la Guardia Civil, quien asegura haber reconocido al legislador entre los presuntos integrantes de una columna de Sendero Luminoso que atacó el puesto policial de Vilcashuamán, en Ayacucho, el 22 de agosto de 1982.
En declaraciones al diario El Comercio, Díaz Díaz relató que sobrevivió al atentado, que provocó la muerte de seis efectivos policiales. Según su versión, observó a Maraví a una distancia aproximada de dos metros, vestido con un uniforme de gala de la Guardia Civil y con distintivos correspondientes al grado de mayor. El denunciante sostiene que el actual parlamentario habría impartido órdenes durante la incursión, aunque estas afirmaciones todavía deben ser corroboradas mediante una investigación formal.
El testimonio y la documentación entregada
El coronel PNP en retiro Max Anhuamán, exjefe de la Dircote, confirmó que entregó fotografías, videos y documentación relacionada con el testimonio a las autoridades policiales y a la Procuraduría Antiterrorista. El exoficial considera necesario contrastar las declaraciones del sobreviviente con los informes y atestados elaborados durante los primeros años de la violencia terrorista.
Díaz Díaz manifestó, además, su disposición a declarar ante la Fiscalía, la Policía y el Congreso si es convocado.
La defensa de Maraví
Frente a estos señalamientos, el senador Íber Maraví negó cualquier participación en el ataque y exigió la presentación de pruebas. El legislador recordó que anteriormente afrontó investigaciones relacionadas con presuntas actividades terroristas y aseguró que estas concluyeron favorablemente para él.
Asimismo, anunció que presentará denuncias penales contra quienes lo acusan, al considerar que las nuevas imputaciones carecen de sustento. Su responsabilidad en los hechos denunciados no ha sido judicialmente acreditada.
Los obstáculos legales que advierten los especialistas
Sobre las posibles consecuencias legales, el abogado penalista Jorge Zúñiga explicó que el testimonio podría justificar la apertura de diligencias preliminares, sin que ello signifique establecer culpabilidad. Sin embargo, advirtió que debe examinarse la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos y determinar si existe prescripción.
El especialista Luis Gutiérrez también consideró que el tiempo transcurrido representa un obstáculo para una eventual persecución penal, debido a que no pueden aplicarse retroactivamente normas posteriores sobre imprescriptibilidad.
En el ámbito parlamentario, los especialistas señalaron que el Congreso podría evaluar una investigación política o ética mediante sus órganos competentes, aunque ello no supondría automáticamente una sanción o inhabilitación.
Qué se evalúa y qué sigue
La nueva denuncia plantea la necesidad de esclarecer las circunstancias del atentado de Vilcashuamán, escuchar formalmente al sobreviviente y verificar los antecedentes disponibles. La Dircote y la Procuraduría Antiterrorista mantienen el caso en evaluación, mientras el denunciante ha expresado su disposición a declarar ante la Fiscalía, la Policía y el Congreso si es convocado.
La actuación de las autoridades deberá garantizar tanto la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo como el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
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