El coronel PNP en retiro Max Anhuamán Centeno, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), presentó ante la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo documentación vinculada al testimonio de un expolicía que sobrevivió al ataque de Sendero Luminoso contra el puesto policial de Vilcashuamán, en Ayacucho, el 22 de agosto de 1982, y que señala la presunta presencia del actual senador Íber Maraví Olarte, de Juntos por el Perú, entre los perpetradores.
La comunicación fue remitida el 27 de octubre al procurador público especializado Mirko Alberto Ruiz Mendoza, según el oficio difundido por Anhuamán en su cuenta de X. El documento cuenta con sello de recepción de la Procuraduría e indica que la información también había sido entregada un día antes al general Carlos Zapata Fernández, director de la Dircote.
El testimonio del sobreviviente
El testigo es Carlos Orlando Díaz Díaz, exsuboficial de la Policía que sobrevivió a la incursión, que dejó seis agentes fallecidos. Según el relato recogido por Anhuamán, Díaz Díaz se comunicó voluntariamente con él, autorizó que su testimonio fuera grabado y sostiene que vio personalmente a Maraví durante los hechos y que no olvidó su rostro.
De acuerdo con el oficio, el sobreviviente habría manifestado que observó a Íber Maraví vistiendo un uniforme policial con distintivos de mayor y dando órdenes durante el ataque. La versión también menciona a Edith Lagos, Carlota Tello y Mezzich, personas vinculadas históricamente con Sendero Luminoso.
"Él entró al calabozo donde estábamos nosotros y nos llevaron secuestrados", afirma Carlos Díaz, según Anhuamán.
En diálogo con PBO, el exjefe de la Dircote precisó que la documentación presentada incluye un informe sobre las comunicaciones sostenidas con el testigo, así como mensajes, videollamadas, fotografías y un dispositivo USB con información complementaria. Solicitó que las autoridades examinen esos elementos y los contrasten con los atestados policiales y demás registros existentes sobre los sucesos ocurridos hace más de cuatro décadas.
Anhuamán aseguró que Díaz Díaz está dispuesto a declarar ante el Senado o las autoridades que lo convoquen para ratificar su testimonio, que se suma a otras versiones que relacionan a Maraví con atentados de Sendero Luminoso en los años 80.
Sin determinación de responsabilidad penal
El caso adquiere relevancia política por la condición de senador de Íber Maraví, integrante de Juntos por el Perú. El legislador ha rechazado públicamente las acusaciones que lo relacionan con actividades terroristas.
Los señalamientos difundidos no constituyen una determinación de responsabilidad penal y deberán ser evaluados respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Estas afirmaciones corresponden a la versión del sobreviviente y requieren corroboración mediante las investigaciones respectivas.
Anhuamán sostuvo que su propósito es poner la información a disposición de las instituciones competentes para que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades que correspondan conforme a la ley. La presentación del oficio abre una nueva posibilidad de revisión documental y testimonial sobre el ataque de Vilcashuamán, sin que ello implique que las acusaciones hayan sido judicialmente acreditadas.
El contexto del coronel que impulsa el caso
Anhuamán no es ajeno al seguimiento de expedientes vinculados a Sendero Luminoso. En julio pasado se refirió al caso del abogado Wilfredo Robles Rivera, gestor de la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que calificó de "arbitraria" la detención del expresidente Pedro Castillo y recomendó su liberación inmediata.
Según declaraciones que dio entonces a medios locales, la Dircote registra a Robles desde el 23 de julio de 1992, cuando fue detenido junto a Jacinto Illanes Bautista y Amador Oré Durán en posesión de dos cargas de dinamita y documentación vinculada a Sendero Luminoso. El entonces jefe de la Dircote, Óscar Arriola, detalló a Exitosa que los tres formaban una célula terrorista responsable de explosiones los días 22 y 23 de ese mes, en el atestado número 169 de 1992, donde Robles aparece identificado como el "camarada Aldo".
Anhuamán precisó que el letrado fue señalado directamente por uno de sus camaradas como receptor de los explosivos. "Se estableció en el documento que él pertenecía al Movimiento Revolucionario Democrático Popular, zonal, con cargo", sostuvo el coronel en retiro. Robles pasó más de 11 años recluido antes de recuperar la libertad y luego respaldó la inscripción del Movadef ante la ONPE en 2011.
"Ellos saben que ese documento no es vinculante, pero lo utilizan para engañar a la población menos informada", afirmó Anhuamán sobre la actuación del abogado en el caso de la ONU.
El letrado reconoció públicamente haber estado recluido, pero insistió en que fue absuelto tanto en primera como en segunda instancia, con el acuerdo de la fiscalía y la procuraduría. "Con esa acta de registro personal en la que no me encuentran nada delictivo, no sé, se olvidaron de sembrarme tal vez. La cosa es que se hizo un juicio oral y yo fui absuelto", afirmó a Exitosa. Anhuamán matizó esa versión: según el exfuncionario, el caso fue sobreseído, lo que no equivale a una declaración de inocencia.
Su pedido de filtros en el Congreso
En otra entrevista con Canal N, Anhuamán cuestionó la presencia de trabajadores del Congreso que, según un reportaje de Cuarto Poder, figurarían en planillones vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Sostuvo que esos registros deberían generar una revisión de los mecanismos de control para contratar personal en el Parlamento, especialmente en áreas relacionadas con información sensible.
El exjefe de la Dircote afirmó que el Movadef mantiene vínculos históricos con Sendero Luminoso y que la organización habría buscado desarrollar actividades dentro del sistema democrático. No obstante, precisó que figurar en un planillón o tener una vinculación señalada con el Movadef no implica por sí misma que una persona haya cometido un delito, y que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades individuales.
"El Congreso debería tener un filtro para que no utilicen nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros impuestos para que ellos sigan impulsando esto, la segunda reconstitución", expresó.
Anhuamán mencionó los casos de César Tito Rojas y Alejandro Manay, y se refirió a Hilso Cladio Ramos Cosme, quien aparecería como asesor principal de Tito Rojas y, según el reportaje citado durante la entrevista, figuraría en planillones del Movadef. Sobre la diputada Sadith Pérez Quispe, quien afirmó desconocer los presuntos vínculos de una trabajadora con el Movadef, sostuvo que corresponde a la Comisión de Ética evaluar el caso.
"Estos senadores dicen que los están terruqueando, que hagan un documento y digan que deslindan de todo esto, que renuncian al pensamiento Gonzalo", remarcó el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú.
Estado del trámite y próximos pasos
La documentación quedó en manos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo para su evaluación y contraste con los registros policiales existentes. Según lo informado por Anhuamán, el testigo estaría dispuesto a ratificar su versión si es convocado por el Senado o por las autoridades competentes. No se precisó un plazo para la revisión ni si la Procuraduría dispuso diligencias adicionales.
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