El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión se produjo a poco del vencimiento del plazo actual, previsto para el próximo 31 de diciembre, y en medio de cuestionamientos de especialistas y observaciones del Ejecutivo.
La votación del texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293 registró 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. La norma establece que el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal seguirá vigente hasta fines del próximo año, o hasta la fecha en que entre en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.
Para su aprobación definitiva, el proyecto requiere una segunda votación, la cual será programada transcurridos siete días, conforme al procedimiento parlamentario.
Votaciones rechazadas y posiciones en el debate
Durante la sesión se rechazaron varias disposiciones clave. Con 44 votos a favor, 51 en contra y 11 abstenciones no se aprobó la reincorporación de los 50 mil mineros informales que fueron retirados del registro. Con 42 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones tampoco prosperó la continuidad de trámites en el proceso de formalización. Asimismo, con 22 votos a favor, 73 en contra y 6 abstenciones se rechazó la suspensión de procedimientos de exclusión del Reinfo.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, justificó el proyecto señalando que resulta indispensable ofrecer continuidad al proceso de formalización, considerado una herramienta para combatir la informalidad entre pequeños mineros y mineros artesanales que ya iniciaron trámites ante el Estado. Sostuvo que suspender automáticamente a quienes continúan en situación irregular acarrearía consecuencias negativas en los ámbitos laboral, económico y ambiental.
Cutipa subrayó que la ampliación busca garantizar la seguridad jurídica de los operadores y consolidar los avances en las políticas de formalización, apoyándose en antecedentes legales nacionales e internacionales. Resaltó el peso laboral del sector: en 2024, la minería generó aproximadamente 2,1 millones de empleos en Perú, equivalentes al 8,2% del empleo nacional, de acuerdo con datos del Instituto Peruano de Economía.
En contraste, la congresista Diana Gonzales (Avanza País) criticó el dictamen al señalar que abrir la puerta a los 50.000 mineros excluidos del Reinfo "no beneficiaría al fisco, sino a quienes pretenden continuar actividades fuera de la ley". Argumentó que, tras el retiro de estos mineros del registro, la recaudación estatal aumentó en 637 millones de soles, según información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
En el debate también intervino Flavio Cruz (Perú Libre), quien pidió no dejar fuera a quienes dependen de la minería para subsistir. Jaime Quito (Bancada Socialista) criticó el consenso emergente entre Congreso y Ejecutivo y alertó que "no se están resolviendo los problemas de fondo". El legislador Jorge Morante planteó introducir la prohibición del uso de mercurio en la minería artesanal e informal.
El Ejecutivo, a través del premier Ernesto Álvarez, entregó al Parlamento observaciones sustanciales para condicionar el aval a la nueva ampliación, demandando condiciones más estrictas y un plazo menor al aprobado.
El operativo de Choccoyo y el alcance del registro
El reciente operativo de interdicción contra la minería ilegal en la zona de Choccoyo, distrito de Colquemarca, en Chumbivilcas (Cusco), puso en evidencia el crecimiento de esta actividad en el país. En esa intervención se detuvo a once personas por minería ilegal, se intervino a siete y se destruyeron maquinaria y pozas de lixiviación, según el reporte del operativo.
De acuerdo con el material periodístico difundido sobre el caso, estas actividades serían facilitadas por el Reinfo, que permite operaciones que no necesariamente son fiscalizadas ni controladas por las autoridades regionales ni nacionales. El registro fue creado como herramienta de tránsito hacia la formalización y, según sus defensores, busca identificar a quienes se encuentran en situación irregular pero potencialmente regularizable.
Especialistas en temas mineros han advertido sobre los efectos de una nueva prórroga. César Ipenza, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), señaló que ampliar el registro mantendría la impunidad de quienes usan el Reinfo para lavar oro de origen ilegal, acrecentaría la destrucción de la Amazonía e incrementaría la inseguridad ciudadana.
"Pero ya vamos más de 24 años de un proceso de formalización. Si no han logrado avanzar o concretarlo en los últimos diez años, menos van a poder hacerlo en un año. Siguen utilizando este mecanismo para la impunidad, porque un minero con Reinfo no puede ser procesado por el delito de minería ilegal y puede seguir lavando oro de origen ilegal", señaló Ipenza.
En la misma línea, el analista en temas mineros Iván Arenas consideró que una nueva ampliación implicaría mantener la capacidad de degradación de la Amazonía y prolongar la ilegalidad. "Hay 27 mil mineros con Reinfo. Debemos depurarlo y luego hablar de ampliación, pero una ampliación como la que quieren los mineros informales ya no es viable", dijo. "Si sucede eso, el Gobierno sería cómplice de la ilegalidad minera. Todos sabemos que el Reinfo se utiliza para lavar producción ilegal".
Arenas propuso que, para continuar con la formalización, se llegue primero a un acuerdo con los informales para realizar una depuración y luego evaluar si es factible la ampliación. El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi también cuestionó la prórroga y señaló que, durante todo ese tiempo, no se haya impulsado la Ley MAPE.
Reacciones políticas y próximos pasos
La congresista Ruth Luque Ibarra rechazó la posibilidad de una nueva prórroga y sostuvo que ampliar el Reinfo sería condenar a pueblos y líderes indígenas que actualmente viven en alto riesgo criminal y de contaminación ambiental. "Así que esa posible ampliación del Reinfo debe ser rechazada", señaló.
Quienes impulsan la extensión argumentan que los mineros no han logrado formalizarse y que el registro debe continuar para no dejarlos en la informalidad. La medida aprobada en primera votación queda pendiente de una segunda votación, que se realizará en los próximos días, para su eventual promulgación.
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