El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, presentó ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que plantea un régimen simplificado para los mineros en proceso de formalización y que, según el Ejecutivo, busca separar a los productores legales de la minería ilegal.
Durante su exposición, Shinno fue enfático en señalar que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de este año y que la iniciativa no constituye una prórroga de ese mecanismo.
"Queremos darle seguridad jurídica a aquellos mineros que quieren trabajar bien y separarlos del minero ilegal. Hay que identificarlos y combatirlos porque el daño que le están haciendo al país es enorme", remarcó.
El titular del Minem sostuvo que el nuevo esquema "tendrá condiciones distintas y no mantendrá la protección penal que les otorga actualmente el Reinfo".
Régimen de consolidación y ámbito de aplicación
De acuerdo con la presentación del ministro, el objetivo es que los pequeños mineros y mineros artesanales puedan formalizarse desde el 1 de enero de 2027 mediante un régimen de consolidación que concluiría el 30 de junio de 2028. El régimen estaría dirigido exclusivamente a las personas inscritas en el Reinfo, quienes quedarían habilitadas temporalmente conforme a los requisitos establecidos.
El ámbito del proyecto comprende a los titulares de derechos mineros, titulares de actividades de beneficio, acopiadores, transportistas, procesadores, comercializadores y otros intervinientes en el flujo del mineral.
Shinno indicó que la iniciativa, elaborada por su sector en menos de tres meses, surge porque los mecanismos de formalización aplicados desde el año no alcanzaron los resultados esperados ante la falta de una estrategia integral entre las instituciones.
Tecnologías limpias, contratos de explotación y creación del Formape
El ministro resaltó que uno de los ejes de promoción del proyecto es brindar a los pequeños mineros acceso a tecnologías limpias y modernas. "Existen fondos de cooperación internacional, sobre todo en la Unión Europea, para poder suministrar estas tecnologías a los pequeños productores mineros. De esta manera que pueden tener una labor mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente", enfatizó.
Otro incentivo es la opción para que los dueños de las concesiones mineras firmen contratos de explotación por un periodo mínimo de 3 años. "Si ya está pagando penalidades, que son muy fuertes, estará exentos de estas al formalizar el convenio de explotación", explicó.
El proyecto también contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), entidad adscrita al Minem que tendría a su cargo promover mejores estándares en las operaciones, buenas prácticas laborales y de seguridad, e innovación tecnológica; administrar los sistemas de información y trazabilidad; evaluar instrumentos de gestión ambiental; otorgar acreditaciones (PPM y PMA); y emitir las autorizaciones de inicio o reinicio de actividades mineras.
Según lo expuesto, los sistemas administrados por el Formape considerarían la trazabilidad total a lo largo de la cadena productiva, identificando el origen, traslado, recepción, beneficio, procesamiento y comercialización de los minerales, y centralizarían todos los procedimientos administrativos mediante el uso de la Casilla Electrónica Única. El proyecto autoriza además expresamente al Banco de la Nación a prestar servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales para consolidar su inclusión económica.
Advertencias sobre la capacidad de fiscalización
El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi sostuvo, en declaraciones a RCR el 20 de octubre, que la propuesta representa un avance para cerrar el Reinfo, pero que su aplicación dependerá de la capacidad del Estado para fiscalizar estas actividades.
"Me parece un avance en la actitud del Ejecutivo, comparado con lo que ocurrió en gobiernos anteriores. La propuesta de la Ley MAPE es cerrar el periodo del Reinfo mediante un proceso que durará 18 meses", afirmó Herrera.
El exministro señaló que alrededor de 30.000 mineros permanecen inscritos en el Reinfo y advirtió que la fiscalización debe abarcar el transporte de insumos y minerales, así como las rutas de comercialización y exportación.
Herrera cuestionó la falta de intervención de las instituciones encargadas de controlar estas actividades y planteó que esa inacción permitió su expansión. "No quiero usar el término complicidad, pero tenían la amistad o amistades en la Policía, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, y diría en el propio Ejecutivo y con el Congreso", declaró.
El proyecto de ley continúa su trámite en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, instancia que deberá emitir dictamen antes de su debate en el pleno.
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