El ahora **exministro Ángelo Alfaro Lombardi** presentó su renuncia al **Ministerio de Energía y Minas** tras la difusión de una denuncia por presunto abuso sexual, generando una fuerte controversia pública y política. El Gobierno del **presidente José Balcázar** confirmó la dimisión mediante un comunicado oficial, en el que además agradeció los servicios prestados por el funcionario durante su gestión.
La salida de **Alfaro** se produce en un contexto de creciente presión mediática, luego de que se hiciera pública una acusación que remonta a hechos ocurridos hace más de dos décadas. El caso ha **reabierto el debate sobre la idoneidad de altos funcionarios y los estándares éticos en el ejercicio de cargos públicos**.
Tras anunciar su renuncia, **Alfaro** brindó declaraciones en las que negó haber cometido algún delito y calificó la denuncia como una **“calumnia” que afecta a su familia**. Señaló que su decisión responde a un “sentido de responsabilidad” frente a la situación generada.
Admite relación con menor
En sus declaraciones públicas, **Alfaro** reconoció haber mantenido una relación con una adolescente de **16 años**, con quien posteriormente tuvo un hijo y convivió durante aproximadamente **cinco años**. No obstante, sostuvo que dicha relación fue consentida y conocida por el entorno familiar de la menor.
“**El único pecado fue enamorarme**”, afirmó, al insistir en que no existió ningún tipo de abuso ni conducta delictiva. Además, indicó que los hechos ocurrieron en **Pucallpa**, en un contexto social distinto, y que en ese momento la relación no fue cuestionada por las personas cercanas.
Según su versión, no existe fundamento legal para las acusaciones actuales y consideró injusto que se le juzgue por hechos ocurridos hace **25 años**. Asimismo, reiteró que será el **Ministerio Público** el encargado de esclarecer lo sucedido.
Sin embargo, sus declaraciones han generado cuestionamientos, debido a la diferencia de edad —él tenía **46 años**— y la condición de menor de edad de la denunciante al momento de los hechos.
Defensa legal
De acuerdo con el testimonio difundido, la denuncia señala que el presunto abuso habría ocurrido cuando la mujer tenía **16 años**, situación que incluso derivó en un embarazo. Los hechos habrían tenido lugar en el **año 2000**, cuando **Alfaro** ocupaba un cargo gerencial en **Electro Ucayali**.
Frente a ello, la defensa legal del **exministro** negó la existencia de denuncias formales en su contra en aquella época. Su **abogado**, **Wilber Medina**, afirmó que no existen registros en comisarías ni en el **Ministerio Público** que respalden la acusación.
Además, sostuvo que la denuncia podría responder a intereses económicos o personales. Indicó que existen supuestos mensajes en los que la denunciante habría mencionado recibir dinero a cambio de realizar las acusaciones, lo cual —según dijo— deberá ser investigado por la **Fiscalía**.
Este caso ha generado un escenario de versiones contrapuestas que ahora deberán ser evaluadas por las autoridades competentes, en medio de un **clima de alta sensibilidad pública**.
Impacto político y cuestionamientos sobre filtros en el Ejecutivo
La renuncia de **Alfaro** no solo cierra su breve paso por el **Ministerio de Energía y Minas**, sino que también plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación y selección de altos funcionarios dentro del **Ejecutivo**.
El caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad política frente a denuncias de esta naturaleza, así como **la necesidad de fortalecer los filtros éticos en la designación de autoridades**.
Mientras avanzan las investigaciones, el **Gobierno** deberá enfrentar las repercusiones políticas de esta crisis, en un contexto donde **la opinión pública exige mayor transparencia y rigurosidad en el manejo de este tipo de situaciones**.
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