Hay algo más preocupante que una candidatura tachada: la normalización de una política en la que algunos están dispuestos a torcer los hechos con tal de conservar poder, presencia o influencia. Huánuco no puede acostumbrarse a que durante una campaña la verdad sea apenas un inconveniente que se acomoda según las necesidades del momento.
El caso de Jesús “Koko” Giles Alipázaga resulta ilustrativo. La información oficial disponible establece que no tiene una candidatura inscrita vigente para la Alcaldía Provincial de Huánuco. El JEE, además, determinó que sus actos de proselitismo podrían generar confusión entre los electores y exhortó a Perú Primero a evitar comunicaciones que induzcan a error sobre la situación jurídica de sus candidaturas. No hubo sanción contra Giles porque la conducta de una persona que ya no es candidata no está tipificada en ese reglamento como infracción sancionable.
Ese vacío reglamentario no convierte en razonable aquello que políticamente resulta cuestionable. Una cosa es que determinada conducta no tenga una sanción prevista y otra muy distinta que sea compatible con el respeto que merece el ciudadano.
Ahí está el problema que Diario Ahora considera necesario señalar.
Una elección no puede convertirse en una competencia para descubrir quién maneja mejor las apariencias. Quien aspira a gobernar —y también quienes organizan, financian o dirigen una campaña— tiene una obligación elemental: hablarle con claridad al elector. Mucho más cuando en la provincia de Huánuco existen 244,721 electores registrados, según información de Infogob del JNE.
No afirmamos que todos los candidatos actúen de esta manera. Sería irresponsable generalizar. Tampoco podemos afirmar, sin pruebas, que determinados postulantes sean simples instrumentos de supuestos “jefes” que les pagan o controlan sus decisiones. Una sospecha política no se transforma en un hecho porque se repita muchas veces. Si existen financistas, operadores o intereses ocultos detrás de alguna candidatura, corresponde probarlo.
Pero precisamente allí aparece una crisis de valores que trasciende nombres y partidos: cuando ganar parece importar más que decir la verdad.
Huánuco necesita candidatos capaces de explicar quiénes son, qué representan, quién financia sus campañas, cuáles son sus antecedentes y qué intereses acompañan sus proyectos políticos. Y necesita autoridades electorales capaces de cerrar aquellos espacios donde una conducta puede confundir al ciudadano y, sin embargo, quedar fuera de una consecuencia administrativa por no encontrarse expresamente tipificada.
La democracia también se deteriora mediante pequeñas trampas normalizadas. Una fotografía que pretende sugerir lo que jurídicamente no existe. Una propaganda deliberadamente ambigua. Una condición electoral presentada de manera incompleta. Una mentira repetida hasta intentar convertirla en certeza.
En el caso Giles existe además un antecedente público que obliga a especial precisión: en 2018 el JNE informó oficialmente que quedó apartado de aquella contienda electoral tras una sentencia firme por abuso de autoridad. Ese antecedente pertenece a otro proceso y no debe confundirse con la controversia electoral de 2026.
Los candidatos tienen derecho a defender sus posiciones y recurrir las decisiones que consideren injustas. Lo que no corresponde es sustituir la realidad jurídica por una realidad fabricada para la campaña.
Huánuco merece una elección donde se discutan obras, seguridad, salud, educación, empleo y desarrollo. No una campaña en la que el ciudadano tenga que empezar preguntándose algo mucho más básico: ¿me están diciendo la verdad?
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