Los voceros de cuatro bancadas del Senado solicitaron formalmente la remoción por presunta falta grave del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, ante la Presidencia de la Cámara Alta. La solicitud fue suscrita por representantes de Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, y se sustenta en dos ejes: sus declaraciones sobre una eventual disolución del Congreso y observaciones de la Contraloría General de la República relacionadas con la contratación de personal en la Defensoría.
Los parlamentarios piden que el presidente del Senado, Miguel Torres, remita el expediente a la Comisión de Procedimientos Especiales, instancia que deberá tramitar el pedido conforme al procedimiento parlamentario aplicable a la remoción de altos funcionarios.
El cuestionamiento a sus declaraciones
La solicitud recoge las declaraciones que Gutiérrez formuló en agosto sobre un eventual cierre del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori. En esa oportunidad, el defensor del pueblo afirmó que una disolución del Parlamento tendría un respaldo superior al 80%, en referencia al apoyo que tuvo su padre, Alberto Fujimori, en un escenario similar.
“No tendría el respaldo de los 60% que dice según las encuestas tiene respaldo, sino tendría mínimo más de 80% como lo tuvo su padre en su momento”, declaró Gutiérrez.
El funcionario también sostuvo que una eventual disolución representaría un ahorro presupuestal de “3.000 millones” de soles al año.
Los denunciantes consideran que sus declaraciones no se limitaron a describir un escenario hipotético, sino que vincularon la disolución del Congreso con criterios de respaldo ciudadano y conveniencia presupuestal. Por ello, sostienen que sus expresiones constituirían una falta grave.
El 28 de agosto, las cuatro bancadas difundieron un pronunciamiento conjunto en el que calificaron las declaraciones como “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes”. Asimismo, señalaron que cuestionar la existencia o el funcionamiento del Congreso sin respetar el marco legal constituye “una acción antidemocrática”.
Disculpas condicionadas y respuesta del defensor
El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo solicitó públicamente que Gutiérrez se retractara de sus declaraciones. Este pronunciamiento fue incorporado como parte de los medios probatorios presentados en la solicitud de remoción.
Posteriormente, el 6 de setiembre, durante una entrevista con RPP, el defensor del pueblo ofreció disculpas condicionadas por sus expresiones.
“Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar [...] pero si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas”, declaró.
Gutiérrez también sostuvo que, al no estar sujeto a mandato imperativo, tiene la facultad de realizar “un análisis profundo sobre la realidad nacional”. Sin embargo, las bancadas denunciantes rechazan esta interpretación. En el documento presentado ante el Senado, argumentan que la ausencia de mandato imperativo garantiza la independencia del defensor del pueblo frente a instrucciones externas, pero no le permite ampliar las funciones de la institución hacia la deliberación política.
El informe de la Contraloría
El segundo fundamento de la solicitud está relacionado con un informe de control de la Contraloría General de la República, difundido por Cuarto Poder el 6 de setiembre. Según el reportaje, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo habría modificado registros de tiempo de servicio para adecuar los perfiles profesionales de determinados trabajadores a los requisitos mínimos establecidos en los instrumentos de gestión de la entidad.
La solicitud de remoción identifica un patrón común en cuatro casos: contacto previo con el despacho del titular de la institución, una sucesión de órdenes de servicio y la posterior incorporación a planilla, pese a que no se habrían acreditado los requisitos exigidos.
Por ello, los grupos parlamentarios solicitan que la Comisión de Procedimientos Especiales incorpore de oficio el informe de la Contraloría y requiera a la Defensoría del Pueblo los legajos, contratos y registros de visitas correspondientes a las cuatro personas mencionadas.
El trámite y los próximos pasos
El pedido plantea que, si la remoción es aprobada con el voto de dos tercios del número legal de senadores, esta se formalice mediante una resolución legislativa del Senado. De acuerdo con la solicitud, la resolución deberá publicarse en el diario oficial El Peruano y generará la vacancia inmediata del cargo de defensor del pueblo. Además, los denunciantes piden que se inicie de inmediato el procedimiento para elegir a un nuevo titular de la Defensoría del Pueblo.
El trámite dependerá de la evaluación y las decisiones que adopte la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, instancia que deberá determinar si admite a trámite el pedido y define el curso del procedimiento.
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