La situación del botadero de Chilipampa dejó de ser una observación técnica aislada y pasó a convertirse en una alerta ambiental con implicancias administrativas y eventualmente penales. César Gonzales Ramos, fiscal especializado en materia ambiental, sostuvo que durante una intervención realizada el último miércoles se advirtió una “situación de abandono” en el manejo de los residuos sólidos, con basura expuesta a la intemperie, ausencia de soterramiento y fallas en el sistema de tratamiento de lixiviados.
Según manifestó el fiscal, la diligencia se realizó con participación del OEFA, entidad a la que identificó como responsable de la fiscalización ambiental. En esa visita, indicó, se constató que las fosas de lixiviados habían llegado “hasta su reborde” y que la recirculación de esos líquidos contaminados no se estaría ejecutando conforme a los protocolos técnicos que exige un relleno sanitario. La observación no es menor: coloca en cuestión el corazón mismo del sistema de contención.
Gonzales Ramos añadió que el problema no se reduce a una deficiente operación diaria. También afirmó que el área donde se ubican los tanques de PVC destinados al procesamiento de lixiviados presenta graves deficiencias y fallas estructurales. Esa precisión cambia la dimensión del caso, porque ya no habla solo de un manejo inadecuado de residuos, sino de una infraestructura cuya operatividad, según su versión, habría quedado comprometida desde una fase más profunda.
Cuando un relleno se parece a un botadero
La frase más dura de la intervención fiscal fue, quizá, la que resume todo el conflicto. Gonzales Ramos sostuvo que, si no se cumplen los protocolos técnicos y no existe un manejo profesional del espacio, Chilipampa “no tendría esta condición de un relleno sanitario”, sino la de un “botadero informal”. Con esa afirmación, el fiscal no solo describió un problema operativo: puso bajo sospecha la naturaleza misma de una obra que debía ofrecer tratamiento controlado de residuos y no reproducir las lógicas del vertimiento precario.
El riesgo, según la declaración recogida, se agrava por la ubicación del lugar. Chilipampa está en una parte alta de Huánuco y, de acuerdo con Gonzales Ramos, un eventual desborde de lixiviados por lluvias o por una falla estructural podría generar un grave perjuicio para la población aledaña y para la ciudad. A ello sumó otro efecto colateral: al no soterrarse la basura, los residuos quedan expuestos al viento, que dispersa bolsas plásticas y otros desechos hacia áreas cercanas.
La intervención también abre una línea delicada sobre la recepción y puesta en funcionamiento de la obra. El fiscal señaló que un relleno sanitario tendría que haber sido entregado en su totalidad para entrar en operatividad y no por partes. Esa observación instala una duda central: si el deterioro actual responde únicamente a una mala gestión reciente o si hubo problemas desde la entrega, recepción o habilitación técnica de la infraestructura.
¿Quién responde por el riesgo advertido?
En su declaración, Gonzales Ramos fue más allá del diagnóstico ambiental y perfiló posibles responsabilidades funcionales. Sostuvo que el alcalde, como responsable del relleno sanitario, tendría que adoptar medidas correctivas urgentes. Además, advirtió que, si no se corrige la situación, podría configurarse responsabilidad del funcionario público por negligencia inexcusable, sin perjuicio de las gerencias de línea o de los encargados directos del manejo técnico del lugar.
Ese punto vuelve más contundente la lectura del caso. Lo que se ha descrito hasta ahora no remite solo a un botadero desordenado, con malos olores o residuos expuestos, sino a una cadena de fallas que, según la Fiscalía, conecta tres niveles: deficiencia operativa, debilidad estructural y omisión de autoridades. En esa secuencia, la discusión ya no se limita a la basura acumulada, sino a la capacidad de la gestión pública para evitar que una infraestructura crítica se convierta en foco de riesgo sanitario y ambiental.
Con los elementos expuestos por la Fiscalía, Chilipampa aparece hoy como algo más que un problema de limpieza pública. Según la versión del fiscal ambiental, hay lixiviados al borde del desborde, residuos sin soterramiento, tanques con deficiencias, dudas sobre la entrega integral de la obra y advertencias expresas sobre responsabilidades de funcionarios. Falta aún la respuesta documentada de la municipalidad, del OEFA y de quienes operan el lugar. Pero el eje de la historia ya quedó trazado: si lo advertido por la Fiscalía se confirma, Huánuco no estaría frente a una falla menor, sino ante un riesgo incubado durante demasiado tiempo.
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