La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco apeló parte de la sentencia dictada contra Florencio Galarza, exgerente municipal de Amarilis, condenado por la apropiación ilícita de S/ 30 mil destinados a la compra de un ring de box para la Escuela Deportiva municipal.
El fallo inicial impuso cinco años de pena privativa de libertad efectiva. Sin embargo, dicha condena fue convertida en 256 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, decisión que ahora es cuestionada por el Ministerio Público.
La fiscal provincial Luz Mercedes Sánchez Figueroa sostiene que este beneficio no correspondería, debido a que exige un pronóstico favorable de conducta del sentenciado. Para la Fiscalía, ese requisito no se cumple en este caso por la forma en que se habría manejado el dinero público.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó que la Municipalidad Distrital de Amarilis entregó el presupuesto mediante encargo interno para adquirir un ring de box, como parte de un plan deportivo que también incluía tenis de mesa.
Sin embargo, según la tesis fiscal, el destino del dinero fue modificado irregularmente. Primero pasó de la compra del ring a una supuesta refacción y luego a la adecuación de un ambiente, cambios que habrían servido para evitar un control adecuado de los fondos.
La Fiscalía también sostuvo que el exfuncionario no rindió cuentas de la inversión y que sus descargos fueron observados. Además, presentó el testimonio de un contratista, quien afirmó haber realizado trabajos bajo una promesa de contrato a todo costo y denunció que sus boletas habrían sido usadas de forma fraudulenta para encubrir la apropiación.
Otro punto observado durante el proceso fue la existencia de dos resoluciones idénticas, pero con prestaciones distintas, hecho que reforzó los cuestionamientos sobre el manejo administrativo del caso.
Además de la pena convertida en servicios comunitarios, el fallo impuso tres años de inhabilitación, 180 días multa equivalentes a S/ 3,750 y una reparación civil de S/ 50 mil a favor del Estado.
Con la apelación, la Fiscalía busca que la segunda instancia revoque el beneficio y ordene que el exgerente cumpla prisión efectiva en un establecimiento penitenciario.
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