La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Leoncio Prado logró que el Poder Judicial imponga una condena de 13 años y 4 meses de prisión efectiva contra tres directivos de la asociación “Jah Yireh”, tras ser hallados responsables de la deforestación de más de 6 hectáreas de bosque en el distrito de José Crespo y Castillo, en Aucayacu. La sentencia también incluye el pago de S/ 85,739.55 por concepto de reparación civil por el daño ocasionado al ecosistema.
Los sentenciados fueron identificados como Solange Salas, Betty Herrera y Jhon Alarcón, quienes fueron declarados culpables del delito contra los recursos naturales en la modalidad de bosques con agravantes. La investigación fue dirigida por el fiscal adjunto provincial Orlando Erick Tarazona Morales, quien sustentó ante el tribunal la responsabilidad de los implicados en la afectación de áreas forestales consideradas de alto valor ambiental.
Investigación fiscal acreditó daño al bosque
Según informó el Ministerio Público, durante la investigación se realizaron diversas diligencias de inspección en el distrito de José Crespo y Castillo, donde se detectó la intervención de extensas áreas de vegetación. Las acciones fiscales incluyeron constataciones en campo y el levantamiento de información técnica para determinar la magnitud del daño ambiental.
Para fortalecer el caso, la fiscalía contó con el apoyo del Equipo Forense en Materia Ambiental (EFOMA) y especialistas en peritajes ambientales. Entre las principales evidencias presentadas se incluyó el análisis de imágenes satelitales, las cuales permitieron confirmar la deforestación de aproximadamente 6.4 hectáreas de bosque primario y secundario.
De acuerdo con la tesis fiscal, en la zona intervenida se habrían utilizado motosierras y maquinaria pesada para retirar la cobertura vegetal, acciones que provocaron un impacto significativo en el ecosistema.
Sentencia busca frenar delitos ambientales
El Ministerio Público sostuvo que los directivos de la asociación promovieron la ocupación y afectación del área boscosa, pese a las advertencias legales existentes sobre la protección de estos espacios. Estos hechos fueron considerados por el Poder Judicial al momento de emitir la condena.
La decisión judicial representa un precedente relevante en la lucha contra los delitos ambientales en la provincia de Leoncio Prado, una zona donde diversas instituciones han advertido sobre el avance de la deforestación.
Autoridades señalaron que la sanción busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad penal que enfrentan quienes promueven o participan en actividades que afectan los recursos naturales. Mientras tanto, la fiscalía reiteró que continuará realizando acciones de vigilancia e investigación para proteger el patrimonio ambiental de la región.
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