Una sentencia del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco condenó a Rosario Atencia Chávez, de 49 años, y a su hija Beatriz Herlinda Escobedo Atencia, de 26, a 17 años, un mes y 26 días de prisión efectiva por el delito de explotación sexual agravada contra seis mujeres identificadas con claves FISTRAP. El tribunal concluyó que ambas obligaban a trabajadoras sexuales a pagar cuotas diarias de entre S/ 30 y S/ 120 para permitirles ejercer el meretricio en las inmediaciones del mercado central de Huánuco.
La resolución judicial N.° 51-2026, emitida el 30 de abril de 2026, señala que las acusadas operaban desde al menos 2022 en las esquinas de los jirones Ayacucho y Huallayco. Según la acusación fiscal aceptada parcialmente por ambas procesadas mediante conclusión anticipada, las víctimas eran amenazadas con agresiones físicas y verbales si no pagaban las cuotas exigidas para “usar la plaza” donde captaban clientes.
El Ministerio Público sostuvo durante el juicio oral que las mujeres explotadas debían extender sus jornadas laborales o realizar más servicios sexuales para reunir el dinero solicitado. La fiscalía había pedido inicialmente 20 años de prisión y una reparación civil de S/ 50.075 para las seis agraviadas. Sin embargo, el colegiado redujo la pena aplicando el beneficio procesal de conclusión anticipada y fijó una reparación total de S/ 6.000, equivalente a S/ 1.000 por víctima.
La explotación operaba en pleno centro urbano
La investigación fiscal describió que las víctimas trabajaban en la vía pública y trasladaban a sus clientes a hospedajes como “San Diego”, “El Amigo” y hostal “Sosa”, ubicados en la zona comercial de Huánuco. Según el expediente, las acusadas consideraban esos espacios como territorios propios porque ejercían allí el meretricio desde años atrás y comenzaron a cobrar a las recién llegadas para permitirles permanecer en el lugar.
La Sala sostuvo que existió “anulación de la libertad decisoria” de las agraviadas, criterio que diferencia el delito de explotación sexual del proxenetismo. Para el colegiado presidido por Edwin Ventocilla Ricaldi, las acusadas utilizaron violencia y amenazas con el objetivo de obtener aprovechamiento económico permanente de las víctimas. El fallo menciona además la agravante de pluralidad de víctimas prevista en el artículo 129-C del Código Penal.
Durante el proceso, ambas acusadas aceptaron los cargos, aunque cuestionaron el monto de la pena y la reparación civil. Rosario Atencia Chávez pidió “una oportunidad” debido a problemas cardíacos y por sus hijos menores, mientras que Beatriz Escobedo Atencia solicitó una “pena justa” alegando que sus cuatro hijos quedaron en abandono tras su encarcelamiento.
Pericias revelan contexto de pobreza y violencia
Las pericias antropológicas y psicológicas incorporadas al expediente describieron historias marcadas por violencia familiar, pobreza extrema y ausencia de educación formal. El informe antropológico indicó que Beatriz Escobedo comenzó a ejercer la prostitución a los 11 años y que nunca accedió a estudios primarios ni secundarios. En el caso de Rosario Atencia, los peritos señalaron que inició el trabajo sexual a los 20 años y que tampoco culminó estudios básicos.
La defensa utilizó esos elementos para solicitar una reducción mayor de la pena, argumentando carencias sociales y el interés superior de los hijos menores de ambas mujeres. El abogado Luis Ángel Hilario Calderón pidió penas de entre 9 y 10 años y calificó de “desproporcional” la reparación civil planteada por la fiscalía. No obstante, el tribunal consideró que esos factores solo permitían fijar la pena en el extremo mínimo del marco agravado, sin justificar reducciones adicionales.
El fallo también ordenó la ejecución inmediata de la condena, aun cuando las sentenciadas interpongan recursos de apelación. Ambas permanecerán recluidas en el penal de Potracancha hasta octubre de 2041, salvo que obtengan beneficios penitenciarios o exista modificación judicial posterior. El caso vuelve a colocar en debate la precariedad social y la violencia estructural que rodean el trabajo sexual callejero en Huánuco, un fenómeno visible desde hace años en el centro histórico de la ciudad y que ahora derivó en una de las condenas más severas dictadas recientemente por explotación sexual en la región.
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