Lo que ocurre en la institución educativa inicial N.° 553 de Canteras de Llicua Baja no puede seguir tratándose como una incomodidad menor ni como un problema que se resuelve con una limpieza de madrugada. Treinta y dos niños estudian en un local donde las palomas han ocupado el techo, el cielo raso ya mostró señales de desprendimiento y, detrás de las aulas, un terreno agrietado acumula agua cada vez que llueve. Para Diario Ahora, esta situación expresa una falla grave del Estado: la incapacidad de proteger a quienes más dependen de él.
No estamos frente a una sorpresa. Las familias aseguran que conviven con este problema desde hace doce años y que han presentado pedidos ante la UGEL Huánuco, la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional. Si esas solicitudes existen, corresponde determinar cuándo fueron recibidas, qué funcionarios las evaluaron y por qué no se adoptó una solución definitiva. La burocracia no puede convertirse en refugio cuando la integridad de niños de educación inicial está en discusión.
Los padres han terminado haciendo lo que no les corresponde. Subieron al techo, retiraron excrementos, restos de aves y materiales contaminados, compraron planchas de triplay y buscaron cerrar los espacios por donde vuelven a ingresar las palomas. La Municipalidad Distrital de Amarilis apoyó en una jornada de limpieza, pero todos saben que retirar residuos no elimina el problema estructural. Limpiar hoy para que las aves regresen mañana no es una respuesta pública; es apenas una tregua.
También preocupa la normalización del riesgo. Una parte del cielo raso ya habría colapsado en marzo de 2025 y esta semana volvió a desprenderse material. A ello se suma el terreno ubicado detrás del ambiente de psicomotricidad, donde las familias observan rajaduras y acumulación de agua. No existe todavía, según la información disponible, una evaluación técnica que confirme el nivel de peligro. Precisamente por eso la inspección debe ser inmediata. La ausencia de un informe no elimina el riesgo; demuestra que nadie lo ha medido con la urgencia necesaria.
La pérdida de estudiantes es otra señal que no debe ignorarse. Las familias calculan que al menos 15 menores dejaron de asistir o fueron trasladados por las condiciones del plantel. Cuando un padre retira a su hijo por temor a que el techo ceda, por la presencia de insectos o por la contaminación generada por aves muertas, ya no hablamos solo de infraestructura. Hablamos de confianza perdida en la escuela pública.
La educación inicial no puede desarrollarse bajo techos inseguros ni depender del sacrificio de padres que limpian desechos para que sus hijos puedan entrar al aula. Las autoridades tienen una obligación concreta: inspeccionar, intervenir y rendir cuentas. Cada día de demora prolonga un riesgo que ninguna familia debería aceptar y que ningún funcionario debería considerar normal.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.