Mensaje a la Nación: Entre el voluntarismo y las restricciones del Estado

Parte II: La ilusión de las metas sociales, el catálogo de megaobras y el diagnóstico a la medida.

Por Mg. Wily M. Alvarez Pasquel

Si en la primera entrega quedó en evidencia el recurso al efectismo para responder en materia de seguridad y prevención climática, la evaluación del bloque social, de infraestructura y de reforma del Estado revela una estrategia igualmente riesgosa: la manipulación del diagnóstico de origen. En la práctica política, matizar el punto de partida cumple una función táctica muy clara: baja la valla de exigencia futura para celebrar cualquier avance marginal como un logro extraordinario, o sirve para presentar un catálogo de promesas cuya viabilidad fiscal resulta impracticable en un mandato de cinco años (Hood, 1991; Nair & Howlett, 2017).

En el campo del desarrollo humano, el mensaje fija metas ambiciosas: reducir la anemia y la desnutrición crónica a la mitad y disminuir la pobreza infantil. La lectura de las cifras, sin embargo, merece una aclaración técnica. El discurso citó una prevalencia de anemia de alrededor del 35%, cifra que coincide con la ENDES 2025 del INEI. Pero ese promedio nacional oculta la fractura territorial que el discurso prefiere no nombrar: en el área rural la anemia afecta al 43.2% de esa misma población infantil, y en departamentos como Puno llega al 56.1% y en Loreto al 45.6%. Presentar el dato agregado sin desagregar la brecha rural no es transparencia estadística; es construir una meta que parece más accesible sobre el papel de lo que resulta en el territorio. La otra cifra omitida con igual conveniencia es la desnutrición crónica, que cerró 2024 en 12.1% con tendencia al alza, no a la baja. Prometer reducirla a la mitad en cinco años sin un plan de financiamiento territorial explícito es el tipo de compromiso que se anuncia en el hemiciclo y se archiva en la primera reunión de gabinete.

Para hacer frente a esta crisis, la propuesta de relanzar el antiguo PRONAA revela una mezcla insólita de nostalgia política y soberbia ideológica. Resucitar el PRONAA no responde a un diagnóstico técnico de la infancia peruana; responde al capricho de revivir el legado del fundador del movimiento bajo la premisa de que, si mi padre lo creó, ahora yo lo reactivo. A la ciudadanía le importa poco el nombre de la marca o la disputa de egos por ver quién acuñó las siglas: lo que las familias exigen son soluciones reales para que los niños reciban comida nutritiva e inocua. La terquedad de cambiar la etiqueta a Qali Warma para rebautizarla como PRONAA ignora la causa raíz: ambos esquemas han compartido históricamente los mismos vicios de corrupción en compras, incompetencia logística y denuncias periódicas por intoxicación escolar (Chhibber & Nooruddin, 2004). Cambiar el nombre de un programa colapsado para complacer una narrativa familiar no elimina las redes de corrupción ni mejora la calidad alimentaria; simplemente viste con ropa vieja las mismas deficiencias de gestión de siempre.

Esta fijación por el insumo físico sobre el servicio integral se repite en el ámbito educativo, donde la respuesta ante el severo rezago en lectura y matemáticas se reduce a repartir mochilas, chompas y kits escolares a través de compras a microempresas. Una estrategia que cae en lo que Pritchett, Woolcock y Andrews (2013) catalogan como la falsa entrega de valor a través de insumos: la ilusión de que distribuir objetos resuelve problemas estructurales de aprendizaje. De igual forma, el compromiso de duplicar la Pensión 65 de 350 a 700 soles bimestrales responde a una demanda socialmente urgente, pero adolece de respaldo explícito en la caja fiscal. Comprometer subsidios permanentes sin un espacio fiscal previamente identificado no es política social; es un cheque girado contra una cuenta cuyo saldo no se ha verificado (Mendoza & Gallardo, 2012).

La brecha entre el anuncio y la realidad se vuelve insostenible al examinar la infraestructura. El discurso reconoce con acierto que el 72% de la Red Vial Departamental sigue sin pavimentar y que casi la mitad de los colegios se encuentran en mal estado. No obstante, prometer simultáneamente las Líneas 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima, sistemas de transporte masivo en Arequipa, Piura y Trujillo, dos trenes de cercanías y la Nueva Carretera Central excede cualquier marco macroeconómico multianual en un solo quinquenio. El problema de la infraestructura en el Perú no se resuelve con lo que Flyvbjerg (2014) denomina ilusiones de concreto, sino destrabando la formulación en Invierte.pe, saneando predios y elevando la calidad de los expedientes técnicos en las regiones. Prometer veinte metros cuando el sistema solo puede dar dos no es ambición; es el preludio del incumplimiento.

El colapso de esta narrativa se confirma al evaluar la idoneidad de quienes conducen estos sectores. La viabilidad de cualquier política depende de la capacidad técnica de sus ministros, pero el gabinete actual exhibe una improvisación peligrosa que ilustra los riesgos de lo que Ramió (2017) denomina la degradación de la Alta Dirección Pública. En Inclusión Social, un perfil político sin credenciales técnicas en diseño de programas de desarrollo ni en gestión de redes de focalización reduce el sector a una ventanilla de reparto asistencialista. En Salud, una autoridad sin trayectoria en salud pública ni gestión hospitalaria justifica la crítica ciudadana más mordaz: una visión limitada a la venta de medicamentos que ignora la prevención y el colapso del primer nivel de atención. En Transportes, figuras del entorno político tradicional como Rafael Rey conducen el ministerio con mayor presupuesto del Estado desde la conveniencia partidaria, no desde la ingeniería de transportes. En Educación, un perfil sin liderazgo pedagógico confirma que el sector seguirá siendo tratado como repartidor de insumos escolares antes que como columna del desarrollo humano.

Tanto en la primera entrega como en este segundo análisis, el mensaje presidencial del 28 de julio revela un patrón constante: la preferencia por la meta efectista y el capricho político sobre la reforma institucional de fondo. Fijar metas sin presupuesto, bautizar programas por ego y nombrar ministros sin perfil idóneo puede servir para armar un relato atractivo en los primeros cien días. Sin embargo, la gestión pública no se evalúa por la abundancia de las promesas ni por el renombre de las siglas, sino por la capacidad real de transformar cada sol del presupuesto en servicios dignos y sostenibles para la ciudadanía. Todo está escrito. Lo que falta es la vergüenza de que alguien lo lea en voz alta.