Mensaje a la Nación: Entre el voluntarismo y las restricciones del Estado

Parte I: El espejismo de la emergencia climática y el efectismo militar en la seguridad ciudadana.

Por Mg. Wily M. Alvarez Pasquel

El mensaje a la nación de juramentación del 28 de julio pretendió marcar un punto de quiebre, prometiendo respuestas drásticas ante los problemas más urgentes del país. Sin embargo, cuando se revisa la letra chica de los anuncios, lo que aflora no es una estrategia de Estado sino una recurrente tentación al efectismo y las soluciones de corto plazo. En sus propias palabras, la presidenta Fujimori declaró que su gobierno en el plazo inmediato estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: la mitigación del fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana, y que para ello emplearán recursos extraordinarios porque el clima no espera los tiempos de la burocracia. Este primer análisis se centra precisamente en esos dos pilares con los que el nuevo gobierno busca ganar legitimidad inmediata. Dos campos en los que el discurso apela a la tribuna, pero evade las reformas institucionales de fondo.

El capítulo de la prevención climática y las emergencias es un monumento al voluntarismo de escritorio. Prometer la descolmatación masiva de ríos, la protección de cuencas y la respuesta rápida ante el fenómeno El Niño suena impecable en la tribuna, pero el mensaje pasa por alto un detalle operativo que no es menor: ¿con qué institucionalidad se va a mover una sola palada de tierra? Conviene no confundir las cosas. El INDECI cumple su papel de ente rector en la respuesta y la entrega de ayuda humanitaria cuando la tragedia ya ocurrió, pero no es una constructora ni un operador de maquinaria pesada. Toda la responsabilidad de la infraestructura preventiva recae sobre la ANIN, ente recién creado que padece lo que Andrews, Pritchett y Woolcock (2017) denominan mimetismo isomórfico: tiene la estructura de un organismo moderno, pero su diseño paraliza la capacidad real de implementación territorial. Mover maquinaria o aprobar un expediente en la ANIN resulta más lento y pesado que arrastrar un barco sobre arena.

Es una burocracia adicta al trámite que llega al cauce cuando el agua ya se llevó el puente y el barro ya se secó.

Resulta irónico que para resolver la capacidad de respuesta la política pública insista en inventar la rueda con burocracias hipercentralizadas. Años atrás, el modelo del INADE y sus Proyectos Especiales entendía la prevención con un pragmatismo que hoy se ha perdido: brigadas operativas con maquinaria propia en cada cuenca y lógica territorial, sin depender de un funcionario en Lima para autorizar el movimiento de un tractor. Si el gobierno pretende proteger las cuencas y no solo llenar un discurso de buenas intenciones, la propuesta técnica no sería pedir más decretos ni recargar a la ANIN, sino recuperar la operatividad descentralizada de los programas estratégicos, equipar a las regiones con logística propia y dejar de tratar la prevención climática como un evento administrativo de gabinete. Para colmo de males, la ANIN no es un ente autónomo a la deriva: depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y aquí aparece el problema de fondo. Que la conducción de la PCM esté en manos de Luis Galarreta, operador político de peso, secretario general de Fuerza Popular y figura marcadamente parlamentaria, abre un enorme signo de interrogación. La literatura sobre presidencialismos y gestión pública advierte sobre los costos de la politización de la alta dirección pública: cuando la jefatura del gabinete se concibe como trinchera de negociación legislativa y blindaje político, se sacrifica la coordinación técnica y la implementación territorial (Scherlis, 2013; Ramió, 2017). La alta dirección no solo exige cálculo político de pasillo o articulación con las bancadas, sino solvencia ejecutiva, pulso administrativo y firmeza técnica para desmantelar trabas y reformular un aparato paralizado. Sin esa capacidad de comando sobre la gestión del Estado, la ANIN seguirá siendo un adorno presupuestal y los anuncios de prevención climática no pasarán de ser otra lista de buenos deseos escrita sobre mojado.

En el frente de la seguridad ciudadana, el mensaje oficial vuelve a tropezar con la misma piedra: la ilusión del efectismo militar y el libreto repetido que ya le hemos escuchado a incontables presidentes anteriores. La propia presidenta anunció que durante los estados de emergencia las Fuerzas Armadas asumirán el control de la seguridad interna para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Vale la pena detenerse aquí. ¿Acaso se pretende que un sargento, un cabo o un capitán del Ejército elabore atestados policiales, levante pruebas en la escena del crimen o lidere complejas carpetas fiscales de investigación criminal? Haber puesto al frente del Ministerio del Interior a un perfil marcadamente militar confirma esta confusión conceptual: se insiste en tratar un problema de criminalidad urbana compleja con la doctrina de la defensa territorial, ignorando la evidencia empírica en criminología sobre las limitaciones estructurales de las fuerzas militares en el ámbito penal urbano (Dammert, 2019; Pion-Berlin, 2017).

Sacar tropas a patrullar durante 30, 60 o 90 días es una medida cosmética que responde a la política pública simbólica que describieron Edelman (1964) y Haskel (1980): acciones de alto impacto visual para calmar la percepción de inseguridad sin alterar la estructura del problema. El crimen organizado y la extorsión no desaparecen ante la presencia de un uniforme militar en una esquina; simplemente se desplazan hacia provincias y distritos donde no rige la emergencia, generando lo que Dammert (2019) denomina el efecto cucaracha, ese fenómeno de desplazamiento espacial del delito que multiplica el problema en lugar de resolverlo. La extorsión y el sicariato se han convertido en un flagelo permanente que ataca al pequeño comerciante, al transportista y al emprendedor en cada rincón del territorio. Esta amenaza no se combate con estados de excepción temporales sino desde la propia Policía Nacional, que es la única entidad que ostenta la función constitucional, legal y técnica para el restablecimiento del orden interno. Una lucha real, duradera y efectiva contra el delito exige potenciar de manera permanente la inteligencia policial, fortalecer las unidades de investigación criminal, reformar un sistema penitenciario colapsado por un hacinamiento que bordea el ciento por ciento y dotar a la policía de tecnología de mapeo del delito. Todo lo demás es la misma anestesia temporal de siempre: un espectáculo mediático para la tribuna mientras la delincuencia se reacomoda y sigue cobrando cupos.

Tanto en la gestión del riesgo climático como en la lucha contra la criminalidad, el discurso comete el mismo error de fondo: reemplazar la reforma institucional y la capacidad técnica con anuncios efectistas. Sacar tractores sin expediente o soldados a patrullar las esquinas puede calmar la ansiedad mediática unos días, pero no resuelve las fallas estructurales del Estado. Una limitación que se volverá aún más evidente cuando analicemos, en una próxima entrega, la viabilidad de las megaobras de infraestructura y la fragilidad del gasto social prometido. Todo está escrito. Lo que falta es la vergüenza de que alguien lo lea en voz alta.