El golpe de Estado de 1962 en Perú ocurrió el 18 de julio y fue liderado por el general Ricardo Pérez Godoy, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas armadas intervinieron tras las elecciones generales del 10 de junio de 1962, alegando supuestas irregularidades en favor de Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA. Ninguno de los tres principales candidatos, entre los que se encontraban Haya de la Torre, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Odría, logró alcanzar el tercio de votos requerido por la ley para ser proclamado presidente. El ejército buscaba impedir a toda costa que el APRA llegara al poder, debido a una larga hostilidad histórica entre la institución militar y dicho partido, que venía desde el asesinato del expresidente Luis Miguel Sánchez Cerro.
Con esa resolución se formó la Junta Militar de Gobierno presidida por Pérez Godoy, junto a los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Nicolás Lindley, Pedro Vargas Prada y Juan Francisco Torres Matos. La junta anuló el proceso de 1962 y convocó a nuevas elecciones para 1963, en las que finalmente resultó ganador Fernando Belaúnde Terry. Hoy, más de 60 años después, esos mismos sectores recalcitrantes, herederos de los gobiernos militares y oligárquicos, buscan a toda costa el impedir que una opción popular, así como lo fue en su momento Víctor Raúl Haya de la Torre, llegue a palacio de gobierno.
Ciertamente, la gran mayoría de peruanos que fuimos a votar el 12 de abril esperábamos con ansias saber quién sería el rival de Keiko Fujimori en segunda vuelta y, de acuerdo a las primeras actualizaciones de la ONPE, todo parecía indicar que Datum de Urpi Torrado tenía razón en su boca de urna al poner a Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular como el candidato que se enfrentaría al fujimorismo en segunda vuelta. Eso sí, mientras fueron pasando los días, las estimaciones de la encuestadora Ipsos de Alfredo Torres terminaron por ser las más precisas al colocar al candidato de Juntos por el Perú y heredero del castillismo, Roberto Sánchez Palomino, como segundo lugar. Ante ello, igual que en 2021, se activó el fraudismo y golpismo de los sectores de derecha y extrema derecha.
La primera excusa para justificar el fraudismo fueron los evidentes errores cometidos por la ONPE de Piero Corvetto durante el desarrollo de la primera vuelta, los mismos que, alimentados por medios de comunicación reaccionarios como Panamericana y Willax, buscaron y buscan hasta la fecha generar un contexto de un supuesto fraude electoral que buscaría garantizar la presencia de la izquierda en una segunda vuelta. Dicha campaña escaló hasta el punto de que incluso estos mismos desinformadores y propagandistas llegaron a pedir abiertamente el arresto del jefe de la ONPE, hecho en el que hasta el momento se sabe que llegó a ser solicitado por elementos oscuros amparadospor el actual jefe de la PNP, Oscar Arriola, un abierto elemento terruqueador y macartista dentro de las filas de la institución policial, y con la supuesta complicidad del actual fiscal de la nación y senado por el caso Cuellos Blancos como es Tomas Aladino Galvez.
Lamentablemente, como tristemente ha demostrado la historia, el centro en el Perú ha demostrado ser siempre funcional tanto al modelo posfujimorista de la transición como a sectores abiertamente fascistas y golpistas. Basta con ver las tristes declaraciones del candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, dándole validez a la posibilidad de que hayan elecciones complementarias solo en Lima (posibilidad respaldada por la misma Keiko Fujimori), viendo de manera oportunista la posibilidad de tener más capital político en favor de su partido, desconociendo a quienes fueron a votar el 12 de abril y colocándolos en una situación desigual frente a quienes con información privilegiada irían a votar en esta oportunidad. En contrapartida, el partido Ahora Nación de Alfonso López Chau ha demostrado mayor tino político y dignidad al pronunciarse desde ya en contra del fujimorismo en una segunda vuelta.
Ahora, en un último mitin realizado en la ciudad capital, Rafael López Aliaga, acompañado de elementos antidemocráticos y de la fauna mediática derechista como, por ejemplo, Erasmo Wong, dueño de Willax, ha salido abiertamente a pedir que se realicen nuevas elecciones en un aparente intento desesperado por deslegitimar el proceso electoral en busca de llegar como sea o de la forma que sea a segunda vuelta. Ya había sido bastante desagradable el hecho de que López Aliaga haya amenazado con connotaciones sexuales al presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, sino que ahora, por ejemplo, participó también dentro de su mitin el exministro de la dictadura fujimorista, involucrado en la falsificación de firmas en la ilegal reelección del año 2000 y visitante del SIN de Montesinos, Absalon Vasquez, hablando de un supuesto fraude electoral.
Al momento de entregar esta columna, el proceso electoral se ha paralizado al 93 por ciento de las actas contabilizadas por la ONPE. Esto se debe a que, aparte de una estrategia antidemocrática y golpista de la derecha en medios, se suma la enorme cantidad de actas observadas por el partido Renovación Popular en los feudos en donde el candidato de JP tenía mayor votación, como es el caso de Cajamarca o incluso aquí en Huánuco. La idea, como fue en 2021, es la de anular y desconocer el voto de las zonas rurales que, vista irrespetada su voluntad en el anterior mandato de Pedro Castillo, sumada a la represión y las muertes posteriores a la proclama del 7 de diciembre, votaron masivamente por su sucesor político.
Se espera, de acuerdo a las estimaciones de las entidades electorales, que para la quincena de mayo conozcamos finalmente quién será el rival de Keiko Fujimori en una potencial segunda vuelta. Eso sí, los actores políticos ya están comenzando a mover sus fichas una vez que se tenga listo el resultado. De acuerdo a algunas estimaciones estadísticas, el voto extranjero aún puede jugar su papel, pero no sería suficiente ante la gran cantidad de votos rurales que actualmente le dan a Sánchez una ventaja de 14 mil votos que, a lo mucho, podría reducirse a 10 mil. En cualquier caso, quien pase ciertamente irá con una relativa desventaja, tanto en el desgaste de su figura política como es el caso de Aliaga, como por una supuesta ilegitimidad en el caso de Sánchez.
Ahora, antes de enviar esta articulo cerca de un hora límite para su publicación, en una carta presentada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el jefe de la ONPE, Piero Corvetto acaba de presentar su renuncia al cargo antes de la primera vuelta, hecho que ha significado que la actual JNJ convoque a pleno extraordinario y acepte el pedido pese a estar completamente en contra del art. 10 de la Ley Orgánica de la ONPE que señala lo siguiente: “el cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante el desarrollo de un proceso electoral, de referéndum u otras consultas populares”. En 45 días hábiles se deberá nombrar un nuevo jefe de la ONPE, mientras tanto el gerente general Bernardo Pachas Serrano asumiría el cargo de manera interina. Sinceramente y siendo optimista, se vienen días oscuros para la patria con una derecha que se aleja una vez más de los principios de la libertad y se acerca peligrosamente a ser el emulo de lo que vivió el país en el año 1962.
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