EL SISTEMA PENITENCIARIO EN TIEMPOS DE CORRUPCIÓN

El sistema penitenciario peruano no llegó al borde del colapso de la noche a la mañana. Detrás del hacinamiento, la inseguridad, la corrupción, el desorden administrativo y la pérdida de control de algunos establecimientos penales existe una historia de abandono político que atraviesa a distintos gobiernos.

Durante años, el sistema penitenciario fue tratado como una institución de segundo orden. En lugar de consolidar una carrera especializada y aprovechar la experiencia acumulada por los profesionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los gobiernos de turno han recurrido con frecuencia a funcionarios de confianza política. El problema no es que toda persona designada políticamente sea incapaz o corrupta. El problema aparece cuando los cargos dejan de responder a criterios de mérito, experiencia y capacidad y pasan a convertirse en espacios de confianza o cuotas de poder.

Hoy esa práctica vuelve a estar en discusión con la designación de militares retirados para asumir responsabilidades en la conducción penitenciaria. Un militar retirado puede tener experiencia en seguridad, conducción o inteligencia. Pero una cosa es reconocer esas capacidades y otra muy distinta es utilizar a las Fuerzas Armadas como una cantera de funcionarios para ocupar cargos que corresponden a una institución especializada como el INPE.

Un establecimiento penitenciario no es un cuartel. Tampoco es simplemente un espacio que deba ser controlado mediante fuerza y disciplina. Una prisión requiere conocimientos específicos sobre clasificación de internos, tratamiento penitenciario, régimen disciplinario, seguridad, inteligencia penitenciaria, control de comunicaciones, prevención de la corrupción, administración y reinserción social.

Precisamente para eso existe el INPE y precisamente para eso existe una carrera penitenciaria.

El problema, entonces, no es la persona que alguna vez perteneció a las Fuerzas Armadas. El problema es el criterio con el que se decide quién debe dirigir un establecimiento penitenciario. Si la experiencia penitenciaria, la formación especializada y la carrera profesional dejan de ser requisitos fundamentales y son reemplazadas por la confianza política, el Estado termina debilitando la institución que debería fortalecer.

Los estándares internacionales son claros en este punto. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, establecen que el personal penitenciario debe ser profesional, contar con una formación adecuada y recibir capacitación específica antes de asumir sus funciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también establece que quienes tengan bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia deben ser seleccionados cuidadosamente, teniendo en cuenta su capacidad profesional e idoneidad, y señala que el personal debe ser preferentemente de carácter civil.

Además, como regla general, los miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas no deben ejercer funciones de custodia directa en establecimientos penitenciarios, salvo las excepciones previstas por la ley. Estos principios forman parte de una concepción del sistema penitenciario en la que la seguridad debe ir acompañada de profesionalización, respeto a los derechos humanos y preparación especializada.

La propia legislación peruana coincide con esa orientación. El Código de Ejecución Penal establece que la Administración Penitenciaria debe contar con personal necesario y debidamente calificado y contempla una carrera penitenciaria para las áreas de tratamiento, administración y seguridad. El INPE es, además, el ente rector del Sistema Penitenciario Nacional.

La pregunta, entonces, es sencilla: si el Estado ha creado una institución especializada, ha establecido una carrera penitenciaria y ha formado durante años a profesionales para administrar establecimientos penales, ¿por qué esos cargos deberían convertirse en espacios para colocar personas ajenas a esa carrera?

Mucho menos debería utilizarse el retiro de un militar como una suerte de puerta de entrada a una función para la cual no necesariamente posee formación penitenciaria. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional y profesional propia. Sus miembros cumplen un ciclo de servicio y adquieren conocimientos valiosos dentro de su ámbito. Pero administrar un penal exige otra especialización.

No se trata de descalificar a los militares retirados. Se trata de respetar la naturaleza de cada institución. Del mismo modo que no tendría sentido designar a un funcionario penitenciario para comandar una unidad militar sin la formación correspondiente, tampoco resulta razonable desplazar a profesionales penitenciarios para entregar la conducción de una prisión a personas cuya principal credencial sea su cercanía política o su procedencia de otra institución.

Y aquí aparece el problema más delicado: cuando los nombramientos responden a favores políticos o cuotas de poder, se destruye la carrera institucional. Cada cambio de Gobierno puede significar nuevos directores, nuevos funcionarios y nuevos criterios de gestión. Los profesionales que han dedicado años a formarse y trabajar en el sistema terminan viendo cómo los cargos de mayor responsabilidad pueden ser ocupados por personas externas.

Eso genera frustración, debilita la autoridad institucional y, sobre todo, impide construir una política penitenciaria de largo plazo.

La seguridad penitenciaria, además, no depende únicamente de quién porta un uniforme o de quién tiene experiencia en operaciones. Dentro de una cárcel existen trabajadores que deben ejercer autoridad diariamente frente a cientos de internos. Conocen los pabellones, los procedimientos, los riesgos, las dinámicas internas y las dificultades concretas de administrar un establecimiento penitenciario.Ese conocimiento no se improvisa.

Por supuesto, el personal del INPE tampoco está por encima de la ley. Quien incurra en corrupción, abuso o delito debe ser investigado y sancionado. Precisamente por eso se necesita una institución profesional, con controles internos eficaces, evaluaciones objetivas, mecanismos de supervisión y una política firme contra la corrupción.

Lo que no se puede hacer es utilizar la existencia de corrupción o las deficiencias del sistema como argumento para sustituir la profesionalización penitenciaria por decisiones políticas.

El Perú necesita una auténtica carrera penitenciaria: concursos transparentes, capacitación permanente, evaluaciones objetivas, remuneraciones adecuadas, ascensos por mérito y mecanismos eficaces para separar a quienes incurran en corrupción. Los cargos directivos deben responder a experiencia, conocimientos y capacidad de gestión penitenciaria.

La lucha contra el crimen organizado tampoco está reñida con este modelo. El Estado debe recuperar el control de los establecimientos, impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles, cortar sus redes de comunicación ilícita y fortalecer la inteligencia penitenciaria. Todo ello requiere seguridad, pero también conocimiento especializado.

Las Fuerzas Armadas pueden prestar apoyo cuando la ley y las circunstancias excepcionales lo permitan. Pero apoyo no debe significar sustitución. Una cosa es colaborar con el sistema penitenciario y otra muy distinta es convertir la administración de las cárceles en una extensión de la estructura militar.

El problema de fondo tampoco pertenece exclusivamente al Gobierno actual. Durante años, distintos gobiernos han tenido la oportunidad de construir una política penitenciaria de Estado y no lo han hecho. Se ha cambiado de autoridades, se han anunciado reformas y se han creado medidas de emergencia, pero no se ha consolidado una institución con continuidad suficiente para enfrentar un problema que requiere años de trabajo.

El desafío de Keiko Fujimori, por tanto, no debería limitarse a demostrar que puede aplicar una política de seguridad más severa. El verdadero desafío institucional consiste en demostrar que su Gobierno puede fortalecer al INPE y devolver la conducción penitenciaria a criterios de mérito, experiencia y especialización.

Si un militar retirado reúne las condiciones profesionales y legales para ocupar un cargo determinado, su trayectoria debe ser evaluada objetivamente. Pero si su designación responde únicamente a una relación política, a un favor pendiente o a una cuota de poder, el problema no es solamente el nombre de la persona designada: es el mensaje que se transmite a toda la institución.

Un Estado serio no construye instituciones profesionales repartiendo cargos.

El Perú necesita cárceles seguras, pero también necesita una administración penitenciaria profesional. Necesita combatir al crimen organizado y la corrupción, pero también respetar los estándares internacionales que exigen personal capacitado, idóneo y profesional para administrar los lugares de privación de libertad.

La solución no pasa por elegir entre seguridad y profesionalización. Ambas son necesarias.

Si el Estado quiere recuperar las cárceles, primero tiene que recuperar al INPE. Y recuperar al INPE significa respetar su carrera, aprovechar la experiencia de sus profesionales, fortalecer su capacitación, exigir resultados y terminar con la lógica de que los cargos públicos pueden utilizarse como premios, favores o cuotas de poder.

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