La República no nació para cambiar la titularidad del mando, sino para refundar la naturaleza misma del poder: sustituir el arbitrio de los hombres por el imperio de la ley y reemplazar la transmisión hereditaria por la alternancia democrática. Sin embargo, en la política subnacional peruana, esa promesa republicana sufre un desgaste constante frente a la reaparición de lógicas premodernas. Lo que hoy se perfila en Huánuco, donde Enrique Pulgar Lucas, hermano del gobernador regional Antonio Pulgar, postula al sillón regional por Perú Primero mientras el hijo del gobernador candidatea simultáneamente a la alcaldía de Amarilis, representa un síntoma alarmante de degradación institucional: la pretensión de convertir el Gobierno Regional en una propiedad transmisible y la administración pública en un feudo familiar.
Este fenómeno no puede analizarse como una anécdota electoral más. Guillermo O'Donnell denominó zonas marrones a aquellos territorios subnacionales donde las instituciones democráticas existen sobre el papel, pero cuyo funcionamiento real es colonizado por poderes locales que ejercen el mando de forma personalista, informal y al margen de la rendición de cuentas. Max Weber identificó al patrimonialismo como la forma de dominación donde el gobernante no establece frontera clara entre el erario público y su patrimonio personal o familiar. Cuando la conducción regional pretende trasladarse de un hermano a otro, o quedar repartida entre parientes en distintos niveles de gobierno, Huánuco se desliza peligrosamente hacia esa zona marrón donde la función pública pierde su sentido de servicio universal para convertirse en un activo hereditario.
Ante el cuestionamiento ciudadano, los defensores de esta candidatura dinástica apelan al argumento de siempre: no existe una prohibición legal explícita que impida la postulación. Esta línea de defensa es un ejercicio de cínico formalismo jurídico. Se recurre a las grietas de una legislación imperfecta para presentar como derecho democrático lo que en el fondo es una transgresión abierta a la ética pública y al espíritu de la Constitución. Giovanni Sartori advertía sobre los riesgos de la letra muerta de la norma: cuando los actores políticos apelan al formalismo para vulnerar el sentido ético del ordenamiento, la democracia es despojada de su sustancia. Robert Dahl, al conceptualizar las condiciones de la poliarquía, estableció que la competencia equitativa, la neutralidad del aparato estatal y la alternancia real no son atributos decorativos sino requisitos constitutivos del sistema. Confundir la mera ausencia de una sanción legal con la legitimidad política es la trampa clásica del despotismo local.
A la pretensión de continuidad se suma un elemento que los registros públicos hacen difícil ignorar. Según información disponible en el portal del JNE y reportada por Diario Correo (2022), entre 2013 y 2018 ambos hermanos participaron en empresas constructoras que operaron en la región durante ese mismo periodo: la Constructora Consultora e Inmobiliaria O y F SRL, con Enrique Pulgar como representante legal, y la Xena Constructora y Consultora SRL, vinculada al gobernador. La publicación citada documentó además que una de esas empresas ejecutó obras por S/ 2.8 millones en Lauricocha durante ese periodo. En los pasillos de la administración regional ha flotado de manera constante ese persistente tufillo de injerencia no regulada: asesores en las sombras, familiares que coincidentemente despliegan presencia habitual en las proximidades de las grandes licitaciones y decisiones que parecen responder a redes de influencia antes que a la estructura jerárquica de los gerentes regionales.
En el plano estrictamente jurídico, mientras los expedientes en fiscalías avanzan a paso cansino, los involucrados gozan de presunción de inocencia. Sin embargo, en el terreno de la ciencia política la prueba de legitimidad es mucho más exigente. El ciudadano de a pie no requiere una sentencia firme para advertir la anomalía estructural: cuando la sombra del entorno familiar proyecta su peso sobre el presupuesto, la asignación de obras y la designación de personal, la sospecha deja de ser rumor de pasillo para convertirse en la atmósfera sofocante de la gestión pública. La postulación del hermano no hace sino confirmar que la injerencia informal de ayer busca transformarse en el poder formal de mañana.
El escenario electoral de Huánuco enfrenta también la distorsión producida por la irrupción de caudales económicos privados de origen no siempre transparente. Asistimos a una contienda donde prósperos candidatos despliegan recursos financieros desproporcionados, pretendiendo convertir el debate de propuestas en una subasta de dádivas y lealtades compradas. Este fenómeno es una actualización del patronazgo de la antigua Roma. Mommsen y Carcopino demostraron cómo el sistema de patronus y cliens desvirtuó el concepto mismo de ciudadanía: el individuo libre dejó de emitir su voto en función del bien común para entregar su sufragio como obligación de vasallaje hacia el patrono que le otorgaba favores o sustento económico. Ronald Syme, en La revolución romana, desnudó cómo las oligarquías económicas utilizaron su riqueza para construir redes clientelares que secuestraron la Res Publica. Traer este esquema al Huánuco del siglo XXI implica retroceder dos milenios de civilización política.
Frente a semejante despliegue de opulencia, resulta un deber ético e intelectual plantear la pregunta que la prudencia acomodaticia prefiere omitir: ¿cuál es el origen real de las fortunas que financian esta maquinaria de patronazgo? En un país donde la economía formal atraviesa serias dificultades y las pymes luchan diariamente por subsistir, la irrupción de caudales millonarios en la política regional exige un escrutinio riguroso. ¿Nos encontramos ante prosperidad legítima fruto del esfuerzo empresarial transparente, o ante fortunas cuyo origen merece el escrutinio riguroso que la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir? Cuando el dinero habla con volumen ensordecedor, la voz de la propuesta programática enmudece. Permitir que el poder económico sin origen claro capture la representación regional equivale a convalidar la quiebra de la soberanía popular.
Huánuco se encuentra en una encrucijada. No puede aceptar convertirse en el feudo privado de una familia ni en el trofeo electoral de un patronato económico. El Gobierno Regional no es un activo patrimonial que se transfiere por lazos de sangre ni una empresa que se adquiere mediante chequera. Tolerar la perpetuación familiar y el dominio del dinero de dudosa procedencia significa condenar a la región a la paralización institucional, al reinado de la impunidad y a la pérdida de su dignidad democrática. Las próximas elecciones del 4 de octubre no son una contienda ordinaria entre nombres partidarios; son la prueba de fuego donde el pueblo huanuqueño deberá decidir si reafirma su condición de sociedad soberana o acepta vivir bajo la tiranía sofocante del feudo y del patronato. Todo está escrito. Lo que falta es la vergüenza de que alguien lo lea en voz alta.
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