La prensa oficial ha hecho hasta lo imposible por ocultar el porcentaje de ausentismo, votos nulos y blancos en los últimos comicios, pues teme delatar la ilegitimidad con la que se están imponiendo autoridades. Tal cual ya lo dijimos en textos anteriores, el ausentismo creció como muestra de rechazo a las farsas electorales. Mientras Keiko Fujimori, primera en las elecciones, ha obtenido hasta el momento 17.06% de votos de quienes acudieron a las urnas —esto es muy importante, porque no se contabiliza el total de personas habilitadas para votar— el 23.49% de los aproximadamente 27 millones de electores no acudieron a sufragar, expresando así su rechazo a estas farsas dizque democráticas. A este porcentaje le deberíamos añadir los votos que decidieron no elegir a ninguno —nulos y viciados— cuya cantidad asciende al 12.00 % de electores. Por lo tanto, aproximadamente el 35.49% de ciudadanos, aptos para el sufragio, decidieron rechazar las elecciones (datos extraídos en base al conteo realizado el mismo 12 de abril)
Se nos objetará en esta parte, qué de importante se demuestra con ello; pues se denota un despertar en las masas populares, quienes ya no ven ni creen en las elecciones como la salvación o la esperanza de forjar un Perú nuevo. Se nos increpará después: ¿Y qué harán ahora los no votantes? Corresponde no estancarse en el proceder anarquista, sino trabajar por la organización de las clases trabajadoras para marchar hacia una Asamblea Constituyente con amplia participación popular, la cual permitirá la formación política de las grandes mayorías sociales (proletarios y campesinos), además de implementar reformas importantes y exponer el sistema opresivo en el que vivimos. Desde ahí, se debe mantener la organización de los trabajadores y coadyuvar a concretar el salto cualitativo de “clase en sí” a “clase para sí”; esto nos permitirá descubrir con mucha certeza que la emancipación real no se dará bajo el juego capitalista.
Ahora bien, desde mucho antes del 12 de abril se apreciaba ya un juego bien articulado por parte de la ultraderecha, pues había estructurado, taimadamente, varios partidos que continuarían la política gubernamental tradicional. En contraposición a ello, la izquierda fragmentada y comodina se había fragmentado aún más, pero para participar en las elecciones se agrupó oportunista y desesperadamente, entablando alianzas incluso con sus peores enemigos; esbozando discursos populistas para comprar o sobornar sutilmente a las mayorías sociales. Así pues, estos candidatos y partidos no garantizan ni una mínima reforma política ni mucho menos económica, como tampoco se puede respirar ni el más leve viento de esperanza. Aquí se expresa la rivalidad de las dos grandes burguesías en pugna (la financiera y la burocrática) al servicio de las dos grandes potencias mundiales, conflictuadas por la hegemonía mundial, (USA y China respectivamente).
Por otro lado, mientras nos entretienen con las elecciones de tal manera que parecen un reality show o un partido de fútbol, placebos para paliar nuestros ánimos de indignación, el Perú experimenta una inflación del 3.40% reflejada en el incremento del costo de vida que abruma al pueblo, con una tasa de interés de 4.25% que afecta directamente a las medianas, pequeñas y micro empresas peruanas, quienes vienen sufriendo duros golpes desde el confinamiento por el COVID-19 debido a la política establecida por el BCR que, entre otras cosas, busca salvar a las grandes empresas mediante la inyección de liquidez monetaria, soslayando a las mipymes nacionales. Desde la pandemia, estas últimas se han visto sometidas a un endeudamiento descomunal; por eso, muchas colapsaron y no han vuelto a abrir hasta hoy. En la actualidad, son las capas populares las que padecen la nueva inflación creada en marzo, mientras las grandes empresas mantienen su tasa de ganancia. El BCR, como todo estamento perteneciente a la élite gubernamental, demuestra su carácter vendepatria al implementar estas políticas.
Regresando al tema electoral, tenemos una ultraderecha decadente, conocida por todo el Perú, plagada de la corrupción más descarada, con mano de hierro para asesinar trabajadores; ahora aspira abandonar el Pacto de San José, pretextando combatir la delincuencia; en verdad, buscarán aplacar las protestas populares y eliminar dirigentes sociales con mayor violencia, sin control internacional ni respeto por los derechos humanos, porque la gran burguesía a la que representará aquella ultraderecha conservadora se alimenta también de la mafia y las bandas criminales. En síntesis, necesitan, hoy más que nunca, el método fascista para contener las masivas protestas. A su lado, se ubica una izquierda que tambalea, cambia sus discursos a conveniencia, con un derrotero político decepcionante, pues no supo obrar cuando estuvo en el poder y, pese a quejarse que no les permitieron gobernar, retornan al mismo proceso en lugar de denunciarlo y desenmascararlo, pues es obvio la imposibilidad de transformar la sociedad desde el parlamento.
Entonces, las elecciones no conducirán a un cambio, sino más bien a la profundización de la crisis política y económica que ya lleva años, pauperizando a una amplia capa social para enriquecer, aún más, a un puñado de capitalistas. Sin embargo, esta vez, el que asuma el poder junto a su partido gobernará sin haber sido elegido ni por la mitad de la población total, considerándosele un gobierno ilegítimo. Basta con echar nuevamente un vistazo a los resultados; el ausentismo más votos nulos y viciados alcanzaron cifras muy por encima del candidato que se posiciona en el primer lugar quien no alcanza ni el 20% del total de votantes, pues los votos emitidos se han repartido extensamente entre todos los candidatos. Si bien es cierto que la constitución legaliza los gobiernos infames —por eso envía a dos candidatos a la segunda vuelta donde deberá ser ganador quien alcance la mayoría de votos del total de participantes, sin importar si llega a cubrir mínimamente el 50% de la población total (art. 111)— podrá legalizarlos con sus leyes que nacieron ya corrompidas, pero no puede legitimarlos; si sopesamos legalización con legitimación, esta última pesa más que la primera. Entonces, se impondrá un gobierno carente de aprobación social y, en consecuencia, con poca autoridad para erigirse como gobierno “soberano”. La crisis política ha conducido a las dos grandes burguesías a un estado tan deplorable que cada vez son más los que comprueban lo que alguna vez sentenciara el escritor Eduardo Galeano: «Si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido». La transformación deberá empezar desde abajo, con trabajos organizados, un ideario revolucionario y un programa acorde a la realidad concreta del país. Por ese motivo, debemos perseverar en el rechazo total a los comicios en cuanto son una farsa que busca legitimar la opresión contras las clases trabajadoras.
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