La distancia más larga en el Perú no se mide en kilómetros ni en accidentes geográficos; se mide en la abismal brecha que separa los despachos del Ministerio de Economía y Finanzas de la periferia urbana. Las recientes declaraciones del ministro Elmer Cuba en Exitosa Radio, al intentar restar dramatismo a la emergencia por las inundaciones y el colapso del alcantarillado en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo -"tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa"- constituyen una radiografía impecable de la insensibilidad burocrática y de la ceguera centralista que padece el Gabinete Ministerial. La misma presidenta Fujimori tuvo que salir a cuestionarlo públicamente durante su recorrido por las zonas afectadas, admitiendo que su propio ministro no estaba viendo la magnitud del daño, de las pérdidas ni del dolor de las familias damnificadas. Mientras miles de pobladores pernoctaban a la intemperie viendo destruido el esfuerzo de años sin alimento ni abrigo, la alta burocracia despachaba desde la calidez de oficinas climatizadas en las zonas acomodadas de la capital, consumiendo la comodidad que le niega sistemáticamente a la ciudadanía que dice representar. Esa distancia física y social no es un accidente; es la consecuencia estructural de un modelo de gestión pública que gobierna desde los indicadores y no desde el territorio.
Esta indolencia resulta aún más lacerante cuando se le contrasta con la narrativa oficial. Se le pide al país una confianza ciega tras meses de promesas de campaña, pero bastó un aniego para que esa escenografía de eficiencia se viniera abajo. Para la ciencia política y la teoría del desarrollo territorial, la respuesta del ministro no es un simple desliz retórico que se borra con una disculpa pública. Representa la manifestación explícita de lo que el sociólogo Henri Lefebvre conceptualizó como la alienación del espacio: una perspectiva tecnocrática que reduce la geografía habitada a meras cifras presupuestales, ignorando que el espacio es una construcción social marcada por la desigualdad (Lefebvre, 1974). David Harvey profundizó este análisis al demostrar que cuando el Estado concibe el territorio únicamente desde la abstracción de la macroeconomía y la consolidación fiscal, despoja a la ciudadanía de su derecho a la ciudad, negándole las condiciones materiales mínimas de una vida digna (Harvey, 2008). Decir que "hasta en París o Madrid se inunda" para justificar la tragedia de las familias vulnerables en el sur de Lima es un ejercicio de falaz igualitarismo urbano. Olvida el ministro que en las capitales europeas el agua fluye sobre infraestructura planificada durante décadas, mientras que en la periferia limeña el agua a la rodilla es agua servida, es el colapso de un colector obsoleto y es la pérdida absoluta del patrimonio de quienes menos tienen.
La ligereza del discurso ministerial ilustra además lo que el politólogo James C. Scott denominó ver como el Estado (Seeing Like a State, 1998): la tendencia de los altos funcionarios a construir una realidad simplificada desde los indicadores macroeconómicos, lo que les impide procesar la complejidad y la vulnerabilidad del territorio real. Para la tecnocracia limeña, si el indicador del PBI o la meta del déficit fiscal no se alteran, la emergencia simplemente no existe o no merece la misma urgencia que un punto de spread en los bonos soberanos. La rodilla anegada del poblador de Villa El Salvador no entra en las hojas de cálculo del ministerio, convirtiendo a la política pública en una estructura ciega frente al dolor social. Este fenómeno se agrava cuando se incorpora la perspectiva de Amartya Sen (1999) sobre el desarrollo como libertad: una población que pierde su vivienda, su mobiliario y su acceso al agua potable en una sola noche no está sufriendo un inconveniente menor; está viendo truncadas las capacidades básicas que le permiten ejercer una vida digna y autónoma. Reducir esa tragedia a una exageración mediática es, desde cualquier perspectiva ética o técnica, una falla de liderazgo inaceptable que confirma por qué la brecha entre el discurso del Estado protector y la realidad del Estado ausente sigue siendo, en el Perú, la más difícil de cerrar.
La posterior rectificación y las obligadas disculpas públicas del titular de Economía, calificando sus propias palabras como "una expresión poco feliz", no logran borrar el fondo del problema ni devuelven la dignidad a las familias afectadas. Revelan, por el contrario, una gestión reactiva y sin convicción territorial, donde la empatía solo aparece cuando la presión mediática o la reprensión de la propia presidenta obligan a la corrección. Como advierte Kettl (2002) al analizar la transformación de la gestión pública contemporánea, la credibilidad de un gobierno no se construye con el manejo eficiente de los indicadores fiscales cuando simultáneamente se demuestra incapacidad para procesar el sufrimiento ciudadano en tiempo real. La declaratoria de emergencia para Villa El Salvador, anunciada horas después del escándalo mediático, es la confirmación de esa lógica del bombero: el Estado reacciona cuando la crisis ya consumó el daño, en lugar de anticiparla con la infraestructura, la logística y el liderazgo que la prevención exige. Sacar cuadrillas de succión después de que las familias perdieron todo no es gestión del riesgo; es el decorado tardío de quien no quiso ver.
Huánuco, Lima Sur y las diversas regiones del país padecen el mismo mal: un centralismo económico que reacciona con la lógica de la dádiva provisional, pero que se niega a reformar la arquitectura de la inversión pública para dotarla de un verdadero sentido descentralizado, prospectivo y humano. Frente a la inminencia de desastres naturales que periódicamente golpean nuestra geografía, esta llamada de atención no debe agotarse en la crítica al Gabinete central, sino extenderse como un apremiante llamado de alerta a todas las esferas del poder público. Ministros, gobernadores regionales y alcaldes deben sacudirse de esa hemeralopía funcional -esa ceguera que les impide ver con claridad cuando las condiciones se tornan oscuras y complejas- para asumir de una vez por todas una actitud de prevención rigurosa y profunda empatía hacia la población. Lo que se avecina con las crisis climáticas exige autoridades presentes en el barro y no resguardadas tras la burocracia del trámite. El agua que cubre las piernas de los ciudadanos en las zonas vulnerables no es solo un fenómeno climático ni una falla del alcantarillado; es el nivel real hasta donde ha llegado la inundación del desinterés y la miopía oficial. Todo está escrito. Lo que falta es la vergüenza de que alguien lo lea en voz alta.
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