Cuando la soberbia regional pretende gobernar imponiendo obras, insultando a la ciudadanía y olvidando que el mandato tiene fecha de vencimiento.
El ejercicio de la función pública exige no solo capacidad técnica para la formulación de proyectos, sino también una prudencia verbal y una sensibilidad política acordes con el mandato conferido por el electorado. En la gestión pública contemporánea, la viabilidad social de una obra pública no es un adorno procedimental ni una concesión graciosa del funcionario de turno; es un requisito elemental de planificación estratégica y gobernanza territorial (Subirats, 2012). Antes de trazar un expediente técnico o volcar maquinaria en el espacio público, la primera obligación de un gestor es contextualizar el proyecto y verificar si la comunidad valida y requiere esa intervención. Cuando las altas autoridades de una región omiten este paso básico, pretenden imponer obras por el solo hecho de ostentar el cargo y responden con virulencia verbal ante la resistencia ciudadana. La brecha entre el gobernante y el gobernado deja de ser una discrepancia política para convertirse en un severo colapso ético e institucional.
En la teoría del discurso político y la democracia deliberativa contemporánea, la palabra de la autoridad posee una carga simbólica que no puede manejarse con irresponsabilidad (Dryzek, 2010). Cuando un gobernador regional concibe la planificación como un acto unilateral de imposición y califica el malestar de la población como un obstáculo desestimable, ejerce una forma de violencia institucional que degrada la relación con la comunidad. Decirle a una población que cuestiona la pertinencia o los retrasos de una obra que sus demandas carecen de valor constituye una muestra de miopía gubernamental que erosiona cualquier margen de legitimidad democrática.
Este despropósito alcanza su punto culminante cuando la respuesta del gobernante ante la protesta vecinal bordea la intolerancia autoritaria. La reciente sugerencia del gobernador regional de Huánuco de que a los ciudadanos críticos de la remodelación de la laguna Viña del Río "habría que deportarlos a otro lado" no solo constituye un exabrupto verbal lamentable, sino una negación absoluta de los principios básicos de la administración pública participativa (Fung, 2015). Conviene recordarle a la autoridad que la región no es su propiedad privada ni el Gobierno Regional su hacienda particular. Pretender expulsar o desterrar a quien cuestiona la imposición de un proyecto mal estructurado es el refugio retórico del mal gestor: quien no puede justificar la rentabilidad social de una obra ni mostrar expedientes limpios y cronogramas respetados, apela a la estigmatización y al amedrentamiento del vecino que reclama.
Asimismo, la ligereza con la que el gobernador deslizó la conjetura de que las observaciones ciudadanas responden a intereses oscuros o a financiamientos encubiertos, sin aportar prueba alguna, expone el cinismo con el que la tecnocracia regional pretende eludir su falta de consulta previa. En el análisis de las políticas públicas contemporáneas, esta táctica es descrita como la estrategia de deslegitimación de la demanda social (Cunill-Grau, 2014): cuando la autoridad es incapaz de sustentar por qué ejecutó una obra a espaldas de la gente, prefiere acusar de conspiración al ciudadano. No hay desparpajo mayor que culpar a la población por exigir que los proyectos respondan a sus necesidades reales y no al capricho presupuestal de la gestión de turno.
A esta incapacidad para la concertación social se suma una afrenta aún más abierta: pretender ningunear el rechazo ciudadano reduciendo despectivamente a los vecinos a la condición de "cinco gatos". Quien desde la altivez de la oficina pública pretende catalogar la disidencia en la fauna del desprecio, olvida que la escala de degradación en la gestión pública suele ser inversa: mientras él intenta reducir a la ciudadanía al rango de insignificantes felinos, la población identifica con claridad a quienes, desde las alcantarillas del poder, actúan con la conducta rapaz de los roedores que devoran el erario público. Pero el reloj de la política no se detiene y la memoria social es implacable. A la autoridad se le olvida que el poder es transitorio y que dentro de unos pocos meses su mandato habrá concluido y tendrá que abandonar el despacho regional despojado del blindaje oficial. Es ahí, cuando vuelva a la condición de simple ciudadano sin banda ni comitiva, donde el pueblo huanuqueño lo estará esperando para que rinda cuentas ante la historia y ante la justicia.
La torpeza y pesadez del discurso oficial al emitir semejantes declaraciones deja en el observador atento una sensación ineludible: la de estar ante la articulación incoherente de quien habla obnubilado por el exceso. Si en el mejor de los casos la forma atropellada de hablar no era el producto físico de una resaca mal disimulada tras los excesos del fin de semana, resulta evidente que la autoridad se encontraba sumida en una borrachera peor y más peligrosa: la borrachera de poder. Esa embriaguez política que nubla el juicio de las autoridades mediocres les hace perder la noción de la realidad y creer que el cargo los vuelve inmunes al escrutinio e intocables ante la ley. Toda borrachera, sin embargo, termina en una cruda y dolorosa resaca moral cuando la realidad despierta al gobernante de su delirio de grandeza.
Este tipo de conductas evidencia la persistencia de una cultura política autoritaria y vertical, donde el funcionario percibe su elección no como un encargo temporal de representación y escucha, sino como un cheque en blanco para actuar con condescendencia hacia la sociedad (Isunza & Gurza, 2018). Como advierten los estudios sobre responsabilidad pública en América Latina (Peruzzotti, 2016), la ética ante las consecuencias del discurso y la capacidad de diálogo son los pilares que distinguen al gestor público competente del caudillo autoritario. La falta de respeto hacia las demandas de la ciudadanía revela la ausencia de esa convicción ética, sustituyéndola por una gestión reactiva que prioriza la defensa del ego oficial por encima del bienestar colectivo.
Huánuco no puede resignarse a que la comunicación de sus gobernantes oscile entre la imposición de obras sin consulta, la sospecha infundada, el ninguneo despectivo, la intolerancia desmedida y la embriaguez de la soberbia. La ciudadanía exige y merece autoridades a la altura de los desafíos regionales, capaces de escuchar con humildad, consultar con rigor técnico y dirigirse al pueblo con la dignidad y el respeto que el cargo exige. Tolerar el exabrupto, la minimización de la disidencia o la insinuación del destierro como si fueran parte normal de la gestión pública es convalidar la degradación de la democracia local. La exigencia ciudadana debe mantenerse firme para recordar a quienes ocupan temporalmente el poder que la función pública se legitima en el servicio, la participación y el respeto irrestricto a la población que representan.
Sin embargo, este diagnóstico quedaría incompleto si la responsabilidad se depositara únicamente en quien ejerce el poder y se ignora la dignidad del pueblo. Hay una culpa compartida en la pasividad del electorado cuando sufre de amnesia selectiva. El llamado de atención debe extenderse con urgencia a los propios ciudadanos de Huánuco, a los electores que con su voto o con su apatía terminan entronizando a estos mequetrefes de la política regional. Que no pasen unos pocos meses o un par de años antes de que el olvido anestesie la memoria colectiva cuando este mismo personaje toque nuevamente a las puertas de la comunidad buscando otra oportunidad o pretendiendo dar lecciones de moral. La soberbia de las autoridades germina en la complacencia de los pueblos que olvidan los agravios; por ello, la verdadera fiscalización exige memoria histórica para castigar en las urnas la prepotencia y recordar que a la política no se entra a sobajar al ciudadano, sino a servirlo con decencia.
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