Una ciudad no se opone al progreso cuando exige explicaciones. Se opone, con razón, a que una obra de alta sensibilidad urbana avance con dudas, vacíos y respuestas incompletas. La remodelación de la Alameda de la República puede ser necesaria, incluso urgente, pero no puede ejecutarse como si se tratara de una intervención menor. Hablamos de una de las zonas más representativas de Huánuco, de un espacio público con historia, tránsito, arbolado, redes de agua y desagüe, vecinos, comerciantes y memoria colectiva.
Por eso, si la obra se va a realizar, debe hacerse bien: planificadamente, coordinadamente y con todos los entes involucrados sentados en la misma mesa. No basta con socializar una propuesta cuando ya existen cuestionamientos ciudadanos sobre el expediente, los árboles, el diseño urbano, la circulación, el drenaje pluvial y el posible cambio de tuberías de saneamiento. La inversión, según se ha señalado, es considerable. Precisamente por eso la exigencia pública también debe ser considerable.
El Gobierno Regional tiene la obligación política y moral de explicar con claridad qué se hará, cuánto durará, qué redes serán intervenidas, qué pasará con los árboles, cómo se protegerá el tránsito peatonal y vehicular, y qué garantías existen para que la obra no termine convertida en otro proyecto interminable. Si se anuncia un inicio para el 15 de julio, la ciudadanía tiene derecho a conocer el plazo real de culminación. No como promesa general, sino como cronograma verificable.
También resulta elemental mostrar la maqueta, los planos principales y los alcances visibles de la intervención. Una obra urbana no se defiende solo con discursos técnicos. Se defiende con información clara, documentos accesibles y voluntad de escuchar. Si el proyecto va a cambiar la configuración de una avenida sensible, los vecinos no pueden enterarse por partes, ni recibir respuestas fragmentadas cuando la maquinaria esté cerca de empezar.
Huánuco ya conoce el costo de las obras mal explicadas. El recuerdo del Malecón Soberón y de la Alameda Perú de Tingo María sigue pesando en la opinión pública: proyectos anunciados para culminar en meses terminaron prolongándose por años, con ampliaciones de tiempo, presupuestos mayores y desgaste ciudadano. Esa experiencia debería servir como advertencia, no como antecedente que se repite.
Diario Ahora considera que la remodelación de la Alameda no debe frenarse por miedo, pero tampoco imponerse por apuro. El desarrollo urbano exige decisión, pero también transparencia. Exige inversión, pero también control. Exige técnica, pero también legitimidad social.
La mejor forma de proteger una obra pública es abrirla al escrutinio antes de ejecutarla. Si el proyecto es sólido, resistirá preguntas. Si necesita ajustes, todavía hay tiempo para corregir. Lo inaceptable sería avanzar con dudas abiertas y pedir confianza a una población que ya ha visto demasiadas obras empezar con entusiasmo y terminar con frustración.










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