La segunda vuelta presidencial ingresó en una fase crítica después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara el despliegue de más de 25 mil fiscalizadores en todo el país para supervisar el proceso electoral y evitar nuevas controversias como las registradas durante la primera vuelta. La medida busca reforzar la vigilancia sobre mesas de sufragio, traslado de material electoral y centros de cómputo en medio de una creciente presión política sobre el sistema electoral.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que los equipos trabajarán las 24 horas antes, durante y después de la jornada electoral. Según indicó, el objetivo es garantizar transparencia y reducir riesgos logísticos que afectaron el proceso anterior, cuando más de 55 mil ciudadanos tuvieron dificultades para votar debido a fallas operativas.
La preocupación no se limita a la organización. Burneo reconoció que la proclamación oficial del próximo presidente podría tardar varias semanas debido a la carga procesal, las apelaciones y la revisión de actas observadas. El antecedente inmediato es la primera vuelta, que demoró 33 días en ser proclamada oficialmente tras miles de impugnaciones y audiencias electorales.
La campaña entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez avanza en paralelo bajo un clima de polarización y desconfianza. Mientras Fuerza Popular insiste en reforzar la fiscalización electoral, Juntos por el Perú denuncia intentos de desacreditar el voto de regiones del interior. El debate presidencial aparece ahora como el evento más esperado antes de la votación.
El desafío para las autoridades electorales será doble: organizar una jornada sin contingencias y evitar que la demora en los resultados vuelva a convertirse en un factor de crisis política. En un país donde cada elección termina judicializada, la legitimidad del próximo gobierno dependerá tanto del resultado como de la confianza en el proceso que lo produzca.
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