La protesta de docentes universitarios volvió a colocar bajo presión al sistema de educación superior pública, con reclamos centrados en homologación salarial, mayor presupuesto y mejores condiciones laborales para jefes de práctica y profesores contratados. La paralización afecta a universidades nacionales y abre un nuevo frente social para el Gobierno.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú exige el cumplimiento del artículo 96 de la Ley Universitaria 30220 y de la Ley 23733, normas que reconocen la homologación de remuneraciones con magistrados judiciales. Óscar Sudario, presidente de la FENDUP, sostuvo que el reclamo salarial lleva más de cuatro décadas pendiente.
La demanda también incluye incremento presupuestal para laboratorios, investigación, infraestructura y funcionamiento básico de universidades públicas. Los representantes del gremio advirtieron que recortes superiores a S/ 35 millones afectan directamente carreras de medicina, ingeniería y otras áreas que requieren equipamiento especializado.
Lida Cuaresma, dirigente docente de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, señaló que los jefes de práctica deben ser incorporados como docentes ordinarios, porque algunos perciben cerca de S/ 1,200 pese a contar con grados de maestría o doctorado.
El conflicto educativo llega en un contexto de alta sensibilidad social. Si no hay respuesta presupuestal del Ejecutivo y del MEF, la protesta podría escalar hacia suspensión prolongada de clases, afectando a miles de estudiantes que dependen de universidades públicas para continuar formación profesional.
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