La propuesta de elevar la remuneración mínima vital volvió al centro del debate económico de campaña luego de que especialistas advirtieran que un aumento tendría alcance limitado en el mercado laboral peruano. El Comercio informó que un eventual incremento solo beneficiaría directamente al 3% de trabajadores, dato que reabrió la discusión sobre informalidad, productividad y capacidad real del Estado para mejorar ingresos.
El tema tomó fuerza por la propuesta de Roberto Sánchez de llevar la remuneración mínima a S/ 1,500, planteamiento que su comando económico presentó como medida para mejorar poder adquisitivo. Sin embargo, el impacto directo sería reducido porque la mayoría de trabajadores peruanos se encuentra en la informalidad o fuera de contratos sujetos al salario mínimo.
La discusión revela un problema estructural. El Perú mantiene una economía donde millones de personas trabajan sin beneficios laborales, seguridad social ni estabilidad contractual. En ese contexto, elevar la remuneración mínima puede beneficiar a una franja formal, pero deja fuera a amplios sectores de comercio, servicios, agricultura y trabajo independiente.
Desde el otro lado, economistas advierten que un aumento sin productividad podría elevar costos para pequeñas empresas formales. Organizaciones laborales sostienen, en cambio, que el salario mínimo perdió capacidad de compra frente al costo de vida y requiere actualización.
La propuesta seguirá en campaña porque conecta con una preocupación cotidiana: ingresos insuficientes frente a alimentos, transporte y vivienda. El desafío será explicar cómo aumentar salarios sin ampliar informalidad ni afectar empleo formal vulnerable.
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