La Comisión Europea presentó en Bruselas la propuesta de la Ley de Vivienda Asequible, un marco que busca dar cobertura y seguridad jurídica a las administraciones locales y regionales para restringir la actividad de plataformas como Airbnb o Booking y la adquisición de segundas residencias en zonas con alta presión inmobiliaria.
La iniciativa responde a las dificultades de acceso al alojamiento en el continente y plantea un marco regulatorio con criterios objetivos y temporales. Desde el Ejecutivo comunitario se enfatizó la necesidad de la intervención pública cuando las dinámicas del sector privado impiden garantizar ese derecho en los centros urbanos.
"Cuando el mercado no logra proporcionar algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar. Con la Ley de Vivienda Asequible, estamos brindando seguridad jurídica a las autoridades locales, permitiéndoles tomar medidas y abordar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo", sostuvo la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.
Qué permite y qué deja fuera la propuesta
La normativa redactada por Bruselas no impone prohibiciones automáticas ni establece un catálogo cerrado de restricciones de aplicación generalizada. Faculta a los ayuntamientos y gobiernos regionales a diseñar medidas adaptadas, previa justificación técnica.
La cobertura legal abarca de manera exclusiva dos tipos de intervenciones: la limitación de los alquileres orientados al turismo y el control sobre la adquisición o uso de inmuebles que no vayan destinados a residencia habitual.
Quedan fuera de su alcance la regulación de los contratos de alquiler de larga duración, las competencias en materia de fiscalidad, la planificación urbanística, la edificación directa y la creación de registros de plataformas. Las normativas locales aprobadas con anterioridad mantendrán su vigencia sin quedar supeditadas de forma obligatoria al nuevo texto, salvo que las propias autoridades decidan someterlas a una revisión voluntaria.
"La vivienda no es una mera mercancía. Es un derecho y un pilar fundamental de la dignidad humana. Los europeos deberían tener la posibilidad de vivir, trabajar y permanecer en los lugares que consideran su hogar. Deberían poder encontrar una vivienda asequible y digna en el lugar donde deseen construir su vida", manifestó el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.
El mercado que motiva la norma
La propuesta se fundamenta en un panorama de encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario en los países miembros. Datos de Eurostat citados por la agencia EFE indican que los precios de venta subieron casi un 65% desde 2015 y los alquileres un 22%, mientras que la oferta turística creció un 93% entre 2018 y 2024.
Esa distorsión resulta severa en las principales áreas urbanas y en las naciones del sur de Europa. Según un informe de DW en Español, en Lisboa un piso de una habitación requiere el 116% del salario neto; en Madrid y Barcelona, el 74%; y en Milán, el 72%. En España se registran 40 pisos turísticos por cada 100 alquileres tradicionales.
Respaldo y críticas en el debate político
La medida genera un amplio debate entre las fuerzas políticas y el sector privado. Representantes socialistas, organizaciones sindicales y alcaldes como el de Barcelona, Jaume Collboni, respaldaron la prioridad social de la vivienda, mientras que el Partido Popular Europeo criticó el enfoque regulatorio.
"Dejen de regular y de repartir la escasez y céntrense en generar crecimiento. Pongan los recursos de la Comisión al servicio de una política de abundancia de vivienda", reclamó el diputado del Partido Popular Europeo, Borja Giménez Larraz.
Por su parte, la empresa Airbnb señaló que su presencia representa apenas el 1% del parque de viviendas comunitario, en comparación con el 20% de inmuebles desocupados, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.
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