El Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios consiguió la destrucción de 25 campamentos logísticos rústicos utilizados por mineros ilegales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, informó la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
Durante la diligencia también se efectuó la detonación e incineración de dos balsas tracas, motores diésel, bombas de agua, 25 generadores eléctricos, antenas de internet satelital, televisores y casi 2000 metros de mangueras de alta presión. Dichos enseres, valorizados en 1 millón 028,260 soles, eran empleados para la extracción ilegal de minerales en la zona.
Dónde y cómo se ejecutó el operativo
Las acciones se realizaron en el marco de un megaoperativo conjunto con la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, miembros del Ejército del Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). El operativo se ejecutó en el sector denominado El Platanal, situado en el distrito de Inambari, considerado el principal enclave logístico y de abastecimiento para la minería ilegal en Madre de Dios.
La destrucción de los materiales se efectuó de conformidad con lo estipulado en el Decreto Legislativo 1100, que habilita la interdicción in situ de bienes considerados ilícitos como parte de la lucha contra este flagelo, precisó la entidad.
Impacto ambiental mitigado
Gracias a estas acciones, según la Fiscalía, se logró mitigar un foco grave de degradación de suelos, deforestación de zonas boscosas y contaminación crítica de cuerpos de agua, debido al uso indiscriminado de combustibles y químicos en el área natural protegida.
El desplazamiento de la minería ilegal hacia Puno
El problema no es aislado. Según Evidencia.pe, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental advirtió sobre el ingreso de personas vinculadas a la minería ilegal desde Madre de Dios hacia las provincias puneñas de Carabaya y Sandia, por rutas terrestres y fluviales. El fiscal ambiental Óscar Jiménez Chura confirmó que su despacho recibió información sobre ese movimiento y sostuvo, en Pachamama radio, que estaría relacionado con las recientes operaciones ejecutadas por las fuerzas del orden en la región vecina. Las autoridades buscan evitar que estas actividades simplemente cambien de territorio en lugar de ser erradicadas.
“Ya tenemos documentada información sobre una cantidad importante de personas que realizan actividad minera”, afirmó Jiménez Chura.
De acuerdo con la misma fuente, la Fiscalía Ambiental tiene por delante más de 30 casos vinculados con posibles daños ambientales, surgidos tras fiscalizaciones de la Dirección Regional de Energía y Minas y la Autoridad Administrativa del Agua. Los hechos estarían relacionados con posibles vertimientos y otras actividades irregulares. El representante del Ministerio Público reconoció que la fiscalización enfrenta limitaciones por la amplitud del territorio y las zonas de difícil acceso, y planteó incrementar el número de inspectores para reforzar el control en los sectores más vulnerables. La Fiscalía pidió además apoyo a la población de Carabaya y Sandia, que puede informar sobre estas actividades incluso de manera anónima.
Conflictividad social y presencia del Estado en Puno
Puno cerró el 2025 con 20 conflictos sociales, de los cuales 17 permanecen activos y tres en estado latente, según la Defensoría del Pueblo, citada por Evidencia.pe. La región se convirtió así en la segunda con mayor conflictividad del país. Los principales problemas están relacionados con la minería ilegal, demarcación territorial y conflictos socioambientales, especialmente en las provincias del norte.
Los casos más complejos se concentran en Carabaya, en zonas como La Rinconada y Lunar de Oro. La minería ilegal ha generado disputas por el control de recursos y estaría vinculada a delitos como trata de personas, extorsión y tenencia ilegal de armas, según la misma fuente. La Defensoría participa como mediadora para promover el diálogo, pero sus intervenciones no son vinculantes, y la limitada presencia del Estado, la falta de recursos y la escasa capacidad operativa dificultan la atención oportuna.
La Defensoría identificó seis conflictos de este tipo en regiones como Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Loreto y Madre de Dios, donde poblaciones enfrentan a organizaciones vinculadas a actividades mineras ilegales.
Operativos previos y cifras del sector
Según Infobae, entre 2024 y 2026 el Estado peruano más que duplicó el promedio mensual de operativos de interdicción contra la minería ilegal. En 2026 se superaron las 130 intervenciones mensuales, frente a las 62 de 2024, de acuerdo con datos del Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros. El incremento responde a la expansión de las actividades ilícitas y al aumento del precio internacional del oro, que superó los 5000 dólares por onza.
La misma fuente señala que la actividad moviliza más de 12,000 millones de dólares anuales, diez veces más que el narcotráfico, pero recibe apenas una décima parte de los fondos asignados a la lucha antidrogas. En 2025 el presupuesto estatal destinado a esta tarea fue de 70 millones de soles y en 2026 aumentó a 178 millones.
En otro operativo previo, según Caretas, las Fuerzas Armadas destruyeron 15 campamentos clandestinos y siete balsas en el sector Aguas Negras, en Madre de Dios, con material valorizado en casi 2 millones de soles, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Mongabay Latam documentó que la minería ilegal de oro avanza también en La Pampa, en el río Santiago y en el área de conservación Panguana, donde comunidades y defensores ambientales enfrentan amenazas y desplazamientos. En el río Santiago, en la selva, se hallaron más de 20 dragas extrayendo oro, además de tala ilegal y una escalada de violencia que acorrala a las comunidades indígenas wampís. En La Pampa, zona colindante con la Reserva Nacional Tambopata, la banda criminal Guardianes de la Trocha controla las minas ilegales y persigue a periodistas que intentan denunciar lo que ocurre, según la misma investigación.
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