El Gobierno de Reino Unido evalúa rebajar su objetivo de ventas de autos cero emisiones para 2030, fijado hoy en el 80% para los fabricantes, ante un ritmo de ventas que no acompaña esa exigencia. Según reportes de The Guardian y The Telegraph, dentro del Ejecutivo laborista hay una discusión interna sobre cuánto flexibilizar esa meta, mientras se mantiene la intención de sostener la exigencia de 2035, año en que los fabricantes solo podrían vender vehículos cero emisiones.
La industria automotriz presiona para que las obligaciones sean más laxas. Argumenta que la inflación elevó el precio de los automóviles por encima de lo que las familias pueden pagar, lo que frena la demanda de eléctricos. El mandato ZEV (la norma sobre coches de cero emisiones) es la pieza central de la política británica de transición vehicular y su ajuste tendría efecto directo sobre los planes de producción y venta de los fabricantes.
El calendario previsto colocaba a 2030 como una cita para evaluar la salud del mercado antes del cierre definitivo de 2035. Con las ventas por debajo de lo previsto, esa revisión intermedia pasó de ser un trámite a convertirse en el punto de mayor tensión entre el Gobierno y los fabricantes.
Ventas insuficientes para la meta vigente
De acuerdo con ACEA, la patronal europea del sector, en Reino Unido se vendieron 454.947 automóviles eléctricos en lo que va del año, con un crecimiento del 30%. Ese volumen ubica al país como el segundo de Europa en compras de eléctricos, solo por detrás de Alemania.
Sin embargo, esas unidades representan algo más del 26% de las ventas totales del período (1,74 millones de coches). La cifra está en línea con Alemania (27%) y por debajo de Francia (31,4%), segundo país de la Unión Europea que más eléctricos compra por volumen. Para cumplir con el objetivo vigente, en Reino Unido deberían venderse alrededor del 33% de eléctricos este año, un salto que la industria considera prácticamente imposible de alcanzar en lo que resta del ejercicio.
La distancia entre el 26% observado y el 33% requerido es el argumento central de los fabricantes: aun con un crecimiento del 30% en las matriculaciones, el mercado no llega al umbral que exige la norma. Ese desfase es el que alimenta la presión para que las obligaciones se revisen antes del cierre del año.
El costo de vida, en el centro del debate
El encarecimiento de los automóviles por la inflación aparece como el motivo que se alega para rebajar las normas de venta de eléctricos en 2030. Los fabricantes sostienen que ese aumento de precios dejó a los eléctricos por encima del dinero que las familias pueden destinar a un vehículo, lo que ralentiza las ventas.
El Ejecutivo laborista, en cambio, vincula la transición al coche eléctrico con la reducción del costo de la energía y, por esa vía, con el nivel de vida de los ciudadanos. El resultado es un círculo difícil de romper: los hogares no compran los eléctricos esperados porque no tienen dinero para hacerlo, según la industria, y esa misma carencia de demanda frena el avance que el Gobierno presenta como palanca para abaratar la energía.
"La próxima decisión sobre el mandato ZEV tendrá un gran impacto climático, posiblemente el más grande que está en el escritorio del primer ministro. Pero también establecerá la dirección para abordar el costo de vida y ayudar a que nuestros precios de la energía bajen durante la próxima década", señaló una diputada laborista consultada por The Guardian.
Los escenarios sobre la mesa
Según The Guardian y The Telegraph, el primer ministro ha propuesto varios escenarios para reducir la meta de 2030. Una opción es bajarla al 70%; otra es mantener el 80% actual. Las posiciones con más apoyo dentro del Gobierno apuntan a reducirla al 50% o al 60%.
La discusión se da dentro del Partido Laborista, donde conviven la preocupación climática y la lectura económica del costo de vida. Ambas posiciones comparten, en cambio, la idea de no ceder en la meta de 2035, que se mantendría como el horizonte en el que los fabricantes solo podrían vender vehículos cero emisiones.
Un conflicto de intereses que condiciona la decisión
A la discusión política se suma un factor adicional: el primer ministro Andy Burnham se ha apartado del debate porque considera que podría tener intereses cruzados. Su esposa es asesora de una empresa de red de recarga de coches eléctricos, por lo que no puede interferir en la decisión final.
El desenlace queda en manos del Gobierno, que debe resolver internamente qué nivel de exigencia adopta. Todo indica que la decisión será reducir los objetivos de emisiones para 2030, aunque resta definir el porcentaje final y cómo se instrumenta. El ajuste afectaría de lleno al sector automotriz británico, que deberá reordenar sus planes de producción y venta según el umbral que se apruebe.
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