El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una controversia al prometer un pago de US$5.000 a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano conserva el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.
Durante la convención republicana celebrada en Dallas, Trump presentó la iniciativa como el “dividendo Trump” y aseguró que el dinero debería gastarse dentro del país. Sin embargo, no explicó con precisión de dónde saldrían los recursos ni qué personas cumplirían los requisitos para recibirlos.
La propuesta provocó acusaciones de posible compra de votos. No obstante, especialistas sostienen que su legalidad no tiene una respuesta sencilla. Las leyes federales prohíben entregar dinero a una persona a cambio de votar por determinado candidato o partido. En este caso, el ofrecimiento no estaría condicionado a demostrar cómo votó cada ciudadano, sino al resultado general de las elecciones.
Además, la jurisprudencia estadounidense protege las promesas de políticas públicas realizadas durante una campaña. La situación podría cambiar si se comprobara que el beneficio funciona como una recompensa directa por apoyar electoralmente a los republicanos.
Otro obstáculo es presupuestario. Trump no puede ordenar unilateralmente el desembolso: necesitaría que el Congreso apruebe los fondos. El programa costaría más de US$1,2 billones y podría aumentar el déficit público y la inflación. Associated Press
El vicepresidente JD Vance indicó que los ciudadanos de mayores ingresos podrían quedar excluidos y planteó financiar los pagos con ingresos arancelarios. Pese a ello, economistas advierten que esa recaudación sería insuficiente. Por ahora, la oferta es una promesa electoral sin financiamiento ni mecanismo legal aprobado.
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