Hay algo profundamente injusto en que una familia vea morir su ganado por falta de agua mientras las autoridades siguen discutiendo quién debe registrarla para recibir ayuda. En Huánuco, la sequía está dejando al descubierto una realidad que debería avergonzarnos: el Estado puede declarar una emergencia, pero eso no significa que esté llegando a quienes más la necesitan.
Las cifras son preocupantes. El Cenepred identificó 71 distritos con riesgo muy alto por déficit hídrico, donde viven 395 956 personas y hay 236 833 vacunos expuestos. Sin embargo, el decreto de emergencia comprende apenas 24 distritos. La diferencia es demasiado grande para despacharla como un simple asunto administrativo. Exige explicaciones y, sobre todo, decisiones.
La Unión, en Dos de Mayo, representa esa contradicción. Allí, comuneros describen manantiales secos, pastos agotados y animales que mueren. En Aguamiro, su presidente comunal asegura que nadie llegó a censar los daños. Mientras tanto, el registro municipal para acceder a la ayuda regional cerró el miércoles. ¿Cómo puede exigirse un registro oportuno a quienes afirman no haber recibido siquiera una visita para evaluar sus pérdidas?
No sostenemos que todo distrito afectado deba ingresar automáticamente al decreto. Existen criterios técnicos que deben respetarse. Pero esos criterios también tienen que explicarse, revisarse y contrastarse con lo que ocurre en el campo. Una emergencia no puede convertirse en una lista cerrada mientras la situación continúa deteriorándose.
El problema tampoco termina con la declaración oficial. El forraje pasó de S/ 12 a S/ 30 por paca, según los ganaderos. Hay familias que ya no pueden sostener la alimentación de sus animales. Y cuando una vaca muere, no desaparece solamente una cabeza de ganado. Se pierde patrimonio, trabajo y parte del sustento construido durante años.
Desde Diario Ahora consideramos que la respuesta pública debe empezar donde está el daño, no donde resulta más cómodo llenar formularios. Los municipios tienen responsabilidades, pero el Gobierno Regional tampoco puede limitarse a esperar registros sin comprobar si las comunidades cuentan con condiciones reales para presentarlos. La coordinación debe servir para resolver problemas, no para trasladar culpas.
Se ha anunciado una ayuda regional superior a S/ 1,4 millones para forrajes, bebederos y ensilados. Es necesario conocer con claridad quiénes serán atendidos, cómo se determinarán las prioridades y cuándo llegará esa asistencia. La transparencia no es un favor de la autoridad; es una obligación frente a ciudadanos que necesitan respuestas.
Huánuco no puede acostumbrarse a mirar cómo se seca su campo mientras los expedientes circulan de oficina en oficina. No pedimos que se reparta dinero sin control ni que se ignoren las reglas. Exigimos que las reglas no terminen dejando desprotegidos a quienes deberían amparar.
La verdadera medida de una emergencia no está en el decreto publicado, sino en la ayuda que llega antes de que sea demasiado tarde. Porque el ganado no puede esperar a que termine un trámite. Y las familias que viven de él, tampoco.
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