Los transportistas dieron plazo hasta el 3 de noviembre al alcalde Antonio Jara para convocar a una sesión de concejo y derogar la Ordenanza 024, aprobada el 5 de noviembre de 2025. Según advirtió Don Evaristo, representante del sector, si la norma no queda sin efecto, el 4 de noviembre acatarán un paro preventivo de 24 horas junto a otras organizaciones sociales.
El dirigente sostuvo que la ordenanza habría sido elaborada sin participación de los transportistas, pese a que —según su interpretación— las normas vinculadas al transporte deben recoger la opinión de los sectores involucrados. Cuestionó que las infracciones pasen de rangos referenciales cercanos al 12% de la UIT, establecidos en normas nacionales que citó, a sanciones municipales de entre 30% y 60%.
Para Don Evaristo, el impacto no alcanzaría solo a empresas de transporte, conductores o propietarios de vehículos. Señaló que la Ordenanza 024 forma parte del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas, por lo que también afectaría a comerciantes, bodegueros, ferreteros, propietarios de viviendas y vecinos que desarrollen actividades sujetas a fiscalización municipal.
Una ordenanza bajo sospecha política
El memorial presentado al alcalde exige la derogatoria de la norma y otorga un plazo de 15 días. Según el dirigente, el documento fue respaldado por transportistas, juntas vecinales y otras organizaciones. También afirmó que un grupo de regidores habría expresado apoyo al pedido de derogatoria, aunque esa versión deberá ser confirmada por los propios concejales.
Don Evaristo sostuvo que varios regidores le habrían dicho que desconocían cómo fue aprobada la ordenanza, pese a que sus firmas aparecen en el procedimiento. El dirigente mencionó a los regidores Lico, Edith y Jean, y atribuyó el hecho a posibles mecanismos internos impulsados desde la gestión municipal. La afirmación, por su gravedad política, requiere descargo formal de los involucrados.
La protesta, según el dirigente, ya tendría el respaldo aproximado del 60% de empresas de transporte activas y legalmente constituidas. De no derogarse la ordenanza, advirtió que el paro del 4 de noviembre sería solo la primera medida y que podrían venir nuevas paralizaciones hacia el cierre de la gestión municipal.
Carretera Central agrava el malestar
El reclamo contra la Ordenanza 024 se suma a la crisis vial en la Carretera Central. Don Evaristo calificó la situación como “calamitosa” y sostuvo que en varios tramos ya no existiría carpeta asfáltica. También cuestionó a Provías Nacional por la conservación y mantenimiento de la vía, y afirmó que algunos caminos vecinales estarían en mejores condiciones.
El dirigente recordó que, según su versión, desde 2015 se viene impulsando la mejora de la carretera y que en 2018 la empresa CCL entregó un expediente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Agregó que las observaciones habrían sido levantadas en 2021 y que luego se aprobaron cuatro tramos, de los cuales actualmente se ejecutaría el primero.
También cuestionó otros proyectos viales, como Rancho–Panao–Rumichaca, donde afirmó que el avance físico sería de apenas 7% tras un año de ejecución. Don Evaristo dijo que ese dato figura en información del MTC, aunque recomendó consultar al presidente del Frente de Pachitea, Roger Román, para obtener mayor precisión.
El conflicto abre dos frentes para la gestión municipal: una ordenanza rechazada por transportistas y vecinos organizados, y una agenda vial regional que vuelve a presionar por respuestas. El 3 de noviembre marcará el límite político del reclamo; el 4, si no hay derogatoria, la protesta pasará de memorial a paralización.
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