Las elecciones generales de 2026 han alcanzado un punto de quiebre que trasciende la aritmética de los votos. Mientras el conteo oficial avanza con una lentitud desesperante y un ausentismo disfrazado de votos blancos y nulos que alcanza el 16.15%, la institucionalidad electoral enfrenta acusaciones que van desde la negligencia operativa hasta el presunto direccionamiento de actas. No es solo una disputa por el balotaje; es el naufragio de la confianza pública en un sistema que costó 700 millones de soles y hoy no puede garantizar la custodia básica de su material ni el uso de la tecnología que adquirió.
En Huánuco, la denuncia del excandidato Rodolfo Espinoza sobre 193 actas observadas y un procesamiento atípico de votos rurales sobre urbanos ha encendido alarmas que la ONPE no ha sabido apagar con transparencia. Según Espinoza, su equipo detectó que mesas de zonas alejadas fueron computadas antes que las de la capital regional, alterando la trazabilidad histórica. La restricción de acceso a los personeros para visualizar este procedimiento no es un incidente menor; es una vulneración directa al principio de publicidad que rige todo acto democrático en el país.
A este escenario de sospecha regional se suma un escándalo de proporciones nacionales: el hallazgo, por parte del JNE y la Fiscalía, de actas electorales y listas de electores en tachos de basura dentro de almacenes de la ONPE en Lima. Este hecho, hoy bajo investigación criminal, destruye cualquier narrativa de eficiencia institucional. Si el documento que contiene la voluntad soberana termina en el desecho, el sistema mismo está fallido. La custodia del material electoral es una responsabilidad irrenunciable, y su vulneración es una herida abierta al corazón de la votación.
La crisis de gestión no es solo moral, sino financiera. Resulta inaceptable que la ONPE haya destinado más de 41 millones de soles en la compra de 31,234 computadoras y 9,550 impresoras que terminaron guardadas en cajas durante la jornada electoral. A este gasto se le suman 144 millones en soporte informático para equipos que nunca funcionaron por falta de capacitación y fallas técnicas. El ciudadano ve hoy cómo sus impuestos se dilapidaron en una modernización cosmética que colapsó en el momento de la verdad, dejando la transparencia en el limbo.
El próximo capítulo de esta crisis se escribirá en las salas de justicia y en los centros de cómputo donde aún quedan miles de actas por procesar. El país observa con atención si la autoridad electoral será capaz de rendir cuentas por los millones desperdiciados y los votos maltratados, o si este proceso terminará de romper el contrato social. La pregunta que queda en el aire es cuánto más puede resistir una democracia que bota su propia voluntad a la basura.
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