El Perú ha iniciado una nueva etapa. Keiko Fujimori juramentó este 28 de julio como presidenta de la República para el periodo 2026-2031, luego de una elección bastante estrecha y en medio de una prolongada inestabilidad política que dividió al país. Su llegada al poder despierta esperanza en un gran sector, pero también dudas y temores que no pueden ser ignorados. Gobernar bien será beneficioso para todos; fracasar, en cambio, volvería a golpear principalmente a quienes llevan años esperando seguridad, empleo y servicios públicos dignos.
Desde Diario Ahora deseamos que la nueva gestión tenga éxito, pero ese deseo no equivale a entregar un cheque en blanco. La confianza ciudadana no nace de una juramentación, de un discurso solemne ni de una lista de promesas. Se construye con decisiones transparentes, funcionarios capaces y resultados que puedan comprobarse. La presidenta tiene ahora la oportunidad de demostrar, desde el primer día, que gobernará para todo el Perú y no únicamente para quienes respaldaron su candidatura.
Esa demostración resulta especialmente necesaria ante la solicitud de facultades legislativas por 120 días. El Ejecutivo busca autorización del Congreso para emitir decretos legislativos en materias vinculadas, entre otros asuntos, con la seguridad ciudadana y el sistema penal. La urgencia frente al crimen es real, pero ninguna urgencia debe convertir la fiscalización democrática en un trámite decorativo.
El país necesita respuestas rápidas contra la delincuencia, la extorsión y el miedo cotidiano. También necesita instituciones que funcionen y autoridades que asuman responsabilidades. Sin embargo, actuar con rapidez no significa gobernar sin controles. El Congreso deberá examinar cada materia solicitada, establecer límites precisos y exigir que el Gobierno explique qué medidas adoptará, cuánto costarán y cómo se evaluarán sus resultados.
La nueva presidenta debe comprender que sus antecedentes políticos y la profunda polarización del país hacen indispensable una conducta democrática impecable. No basta con pedir unidad. Corresponde practicarla, escuchar a quienes discrepan y garantizar que la fuerza del Estado se utilice dentro de la Constitución. El orden que sacrifica derechos puede producir silencio durante un tiempo, pero no construye una paz duradera.
Huánuco y las demás regiones necesitan señales concretas. La población espera carreteras transitables, hospitales abastecidos, escuelas seguras, inversión descentralizada y protección frente al delito. Durante demasiado tiempo, el centralismo ha pronunciado grandes discursos mientras las provincias continúan esperando. Esta gestión será evaluada no solo por lo que ocurra en Lima, sino por su capacidad para atender al ciudadano que vive lejos de Palacio de Gobierno.
Los primeros 120 días pueden marcar el rumbo del mandato. Deben ser un periodo de trabajo intenso, apertura y rendición de cuentas, no una temporada de improvisación ni concentración del poder. Cada facultad concedida tendrá que estar acompañada de transparencia y supervisión.
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