El Perú concentra una cartera de 66 proyectos mineros distribuidos en 19 departamentos, con una inversión estimada de US$ 64,075 millones, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, ese potencial contrasta con los obstáculos que enfrenta el desarrollo de nuevas iniciativas, entre ellos los conflictos sociales, la minería ilegal e informal y las demoras en los procedimientos administrativos.
En agosto de 2026, el país registró 188 conflictos sociales, de los cuales 92 fueron socioambientales. De este último grupo, el 66.3% estuvo vinculado a la actividad minera, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Esa conflictividad incide en la percepción del Perú como destino de inversión y añade incertidumbre al avance de las operaciones.
Riesgos que condicionan el financiamiento
Los factores que pueden afectar el desarrollo de una iniciativa minera también pesan en la evaluación de inversionistas y entidades financieras. El análisis no se limita al potencial geológico o a la rentabilidad esperada: comprende la situación regulatoria, los derechos sobre los activos, los pasivos existentes y la capacidad de gestionar los aspectos sociales y ambientales.
Esos elementos pueden determinar tanto las condiciones como la estructura de financiamiento de cada operación. "Lo que hace realmente distintivo un financiamiento en el sector minero es entender los temas regulatorios y los riesgos del proyecto, porque eso determina la estructura de la operación y el contenido de los contratos. También es fundamental tener claramente identificados los activos, los flujos y los pasivos, así como la gestión social", señaló Nydia Guevara, socia de Banca y Finanzas, Mercado de Valores y Fintech de Hernández & Cía.
A los riesgos propios de cada iniciativa se suman las dificultades para obtener autorizaciones y permisos. Aunque el marco legal peruano cuenta con mecanismos de protección a la inversión y una trayectoria en el desarrollo de la industria minera, las demoras administrativas y los procedimientos redundantes pueden afectar los cronogramas y elevar la incertidumbre.
"El marco legal peruano tiene décadas, está consolidado, y respaldado por una industria de mucha trayectoria, de modo que es en general atractivo para la inversión minera. Dicho eso, las principales fricciones aparecen en la operación: permisos que demoran, instituciones que no coordinan y procedimientos engorrosos o redundantes. La tarea es mejorar la eficiencia y reducir plazos sin debilitar los estándares ambientales y sociales", sostuvo Sergio Cueva, socio de Minería de Hernández & Cía.
Minería ilegal y conflictividad
La conflictividad social, los bloqueos y la expansión de la minería ilegal e informal también inciden en la competitividad del país. Estos problemas pueden añadir incertidumbre al desarrollo de las operaciones y requieren una respuesta articulada del Estado y una gestión anticipada de los riesgos por parte de las compañías.
Desde la perspectiva internacional, el país mantiene fortalezas asociadas a su marco regulatorio y experiencia minera, aunque todavía enfrenta desafíos que pueden restarle atractivo frente a otros mercados. "Perú cuenta con un marco regulatorio y una trayectoria minera que generan confianza. Los puntos débiles que veo desde fuera son la minería ilegal e informal y los conflictos sociales, incluidos los bloqueos prolongados; son problemas que el país debe resolver para mantener su atractivo", afirmó Shawn Doyle, principal de la práctica de América Latina de McCarthy Tétrault.
Mejorar la articulación entre las instituciones públicas, reducir los tiempos de tramitación y fortalecer la gestión social figuran entre los aspectos que pueden dar mayor predictibilidad a la actividad. Para una industria que requiere inversiones de largo plazo, estas condiciones son determinantes al momento de evaluar la viabilidad de los proyectos y concretar su financiamiento.
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