La producción clandestina de oro en Perú alcanzaría las 110 toneladas al año, un volumen que, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), supera lo exportado por la actividad formal. El dato fue expuesto este 29 de octubre en una mesa técnica del Congreso de la República dedicada a la trazabilidad del mineral, el control de explosivos y el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El gerente general del IIMP, Gustavo De Vinatea Bellatin, sostuvo ante representantes de entidades públicas, gremios empresariales y especialistas que la minería ilegal dejó de ser un problema acotado a determinadas zonas de extracción. “La minería ilegal es una amenaza para el Estado”, afirmó durante la sesión.
De Vinatea señaló que el avance de esta actividad limita las posibilidades de expansión de la minería formal y alimenta redes vinculadas con delitos ambientales, lavado de activos, trata de personas y violencia. El planteamiento del gremio apunta a que la respuesta estatal combine fiscalización, mecanismos de trazabilidad y un proceso de formalización con plazos definidos.
Contaminación, mercurio y violencia en zonas mineras
En su intervención, el representante del IIMP alertó sobre los efectos de la extracción ilegal en las fuentes de agua y en la salud de las poblaciones expuestas al mercurio. También mencionó denuncias por vulneraciones de derechos humanos en territorios donde operan organizaciones dedicadas a la extracción y comercialización ilícita de oro.
Según los datos presentados en la mesa técnica, los distritos con mayor presencia de esta actividad pueden registrar tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes hasta 45 veces superior al promedio nacional. El instituto remarcó que el fenómeno requiere medidas que trasciendan los operativos puntuales contra campamentos o maquinaria.
El contraste con los aportes de la minería formal
La discusión incluyó una comparación con el peso de la minería formal en la economía peruana. De acuerdo con De Vinatea, el sector representa cerca del 10% del producto bruto interno, concentra más del 66% de las exportaciones y genera alrededor de 290.000 empleos directos formales. A esa cifra se suman más de un millón y medio de puestos indirectos relacionados con la cadena productiva.
El gerente general del IIMP planteó que el potencial geológico del país debe desarrollarse bajo reglas que aseguren el cumplimiento ambiental, laboral y tributario. Para ello, consideró necesario separar a quienes buscan incorporarse a la legalidad de las estructuras que usan los mecanismos de formalización para mantener operaciones fuera del control estatal.
El Reinfo y la propuesta de aplicar la Ley General de Minería
Uno de los puntos centrales de la reunión fue el próximo vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera, previsto para fines de 2026. De Vinatea propuso que el Estado avance hacia la aplicación de la Ley General de Minería y de las normas destinadas a la pequeña minería y la minería artesanal, sin extender de manera indefinida registros temporales para actividades que no completan su proceso de adecuación.
El IIMP también propuso fortalecer la formalización a través de las plantas de procesamiento de minerales. La medida permitiría verificar el origen del oro que ingresa a la cadena comercial y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los operadores involucrados.
La mesa técnica fue organizada por el Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, espacio coordinado por el congresista Jaime Abensur Pinasco, de Fuerza Popular. En la sesión participaron Wilfredo Albarracín, funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y Daniel Castillo, analista legal de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, quienes abordaron los controles aplicables a las exportaciones y los procedimientos vigentes para depurar el Reinfo.
Representantes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), del Comité de Fabricantes de Explosivos y de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) también presentaron propuestas para reforzar el seguimiento de explosivos y la trazabilidad del oro.
El cálculo del IPE: 54% del oro exportado fue ilícito
El volumen señalado por el IIMP coincide con estimaciones previas del Instituto Peruano de Economía (IPE). En septiembre, ese instituto informó que en el primer semestre de 2026 el 54% del volumen de oro exportado fue de origen ilícito, superando por primera vez al oro legal.
“En el primer semestre del 2026 estimamos que el 54% del volumen del oro exportado por el Perú fue de origen ilegal. Es decir, por primera vez estamos exportando más oro de origen ilegal que de origen legal”, afirmó María Alejandra Ormeño, gerenta de Políticas Públicas del IPE, en RCR.
La especialista precisó que las exportaciones de oro ilegal crecieron 19% en ese periodo, mientras que las legales cayeron alrededor de 6%, una diferencia de casi 9 toneladas a favor del mineral ilícito. El IPE proyectó que las exportaciones de oro ilegal podrían alcanzar entre 110 y más de 120 toneladas en 2026, equivalentes a entre 52% y 55% de todo el oro exportado, con un valor que iría de un piso de US$16.000 millones a más de US$18.000 millones.
Ormeño atribuyó la expansión a dos factores: el precio internacional del oro, que promedió alrededor de US$4.500 la onza en lo que va del año, y la incapacidad estatal para fiscalizar toda la cadena de suministro. “No hay una capacidad para poder fiscalizar toda la cadena de suministro y ver en qué momento, en qué parte de la cadena de suministro es donde se está dando este blanqueamiento del oro ilegal”, sostuvo.
Según el IPE, la minería ilegal de oro es la actividad ilícita que más dinero genera en el país, casi duplica el tamaño del narcotráfico y la tala ilegal. La Libertad, Puno y Arequipa concentran la extracción, mientras que Ica registra un crecimiento de plantas procesadoras. El instituto advirtió que el problema ya no se limita a una sola región.
El Reinfo, una excepción que se prolonga
El Reinfo nació como un mecanismo excepcional y transitorio para acompañar a los pequeños mineros hacia la formalización. Más de una década después sigue vigente y volvió a extenderse, sin una evaluación pública integral sobre sus impactos ambientales, sociales o institucionales, según análisis difundidos por Infobae.
El Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley N.º 32213 mediante el Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, que establece la rectoría del Ministerio de Energía y Minas sobre la pequeña minería y la minería artesanal e incorpora el concepto del “Reinfo hereditario”, figura que no estaba contemplada expresamente en la ley y que generó críticas. La norma también creó el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), orientado a supervisar la trazabilidad de minerales, explosivos e insumos químicos, con participación de la Dirección General de Formalización Minera, la Policía Nacional, Sucamec, Sunat e Ingemmet.
El debate sobre el futuro del registro queda abierto: el IIMP plantea que no se extienda de manera indefinida y que el Estado aplique la Ley General de Minería, mientras el vencimiento del Reinfo está previsto para fines de 2026.
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