La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) pidió incrementar la presencia del Estado en la región Cajamarca y advirtió sobre el avance de la minería ilegal en esa zona. La presidenta del gremio, Julia Torreblanca, señaló que la proliferación de mineros ilegales no solo pone en riesgo la seguridad de la población, sino que frena el desarrollo de proyectos mineros formales que aguardan autorizaciones corporativas y la obtención de permisos ambientales y operativos.
Torreblanca enfatizó que el combate a esta actividad requiere la presencia integral, permanente y efectiva de las instituciones del Estado. En esa línea, insistió en que las autoridades deben erradicar decididamente a quienes operan sin contar con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La titular de la SNMPE precisó que el gremio no se opone a la actividad minera en ninguna de sus escalas, siempre que se desarrolle bajo el cumplimiento de la ley, altos estándares de seguridad y la protección de la vida de los trabajadores, dada la naturaleza de alto riesgo que caracteriza a la industria.
El control de las plantas de beneficio
Como pilar estratégico para cortar el circuito económico de la minería ilegal y proteger regiones como Cajamarca, Torreblanca planteó que el sistema de trazabilidad del oro se enfoque de manera prioritaria en el control y la fiscalización estricta de las plantas de beneficio a nivel nacional.
Indicó que estas instalaciones son el punto crítico del problema, ya que actualmente reciben y procesan mineral proveniente de múltiples orígenes —incluso de zonas prohibidas o patrimonios arqueológicos—, lo que facilita el "lavado" del metal para su posterior venta formal.
"Esta falta de control explica por qué hoy el Perú exporta volúmenes de oro ilegal casi equivalentes a los de la minería formal, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE)", indicó a Red de Comunicación Regional (RCR).
La futura Ley MAPE y el modelo de Sucamec
La presidenta del gremio subrayó que la futura Ley MAPE debe establecer mecanismos transparentes e ineludibles para auditar tanto el origen del mineral como la cuota de insumos sensibles requeridos para su procesamiento, como explosivos e insumos químicos.
Al respecto, instó a replicar los estrictos controles que ejerce Sucamec sobre la minería formal regulada, donde se exige justificar al detalle la cantidad empleada de cada insumo. Definir a la entidad rectora, establecer plazos claros y perfeccionar esta fiscalización resulta indispensable, según la SNMPE, para garantizar la seguridad en Cajamarca y salvaguardar el futuro de la minería legal en el país.
Cuestionamientos a nombramientos en el Minem
En paralelo, el gremio alertó sobre los recientes nombramientos en cargos estratégicos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que en su opinión representan una señal contradictoria del Poder Ejecutivo frente al avance de la minería ilegal. La controversia surge tras la designación de personas vinculadas al Reinfo para liderar la Dirección de Formalización Minera del Minem y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), entidades relevantes para el proceso de formalización, la promoción de inversiones y la gestión técnica del sector.
Para la SNMPE, esos perfiles carecen de las condiciones necesarias, como la falta de sesgos y un conocimiento técnico profundo, para separar a los mineros artesanales aptos de aquellos que operan fuera de la ley.
"Estas designaciones resultan incoherentes con el fortalecimiento de una política de formalización rigurosa y efectiva, pues trasladan las decisiones a perfiles asociados a un mecanismo que ha demostrado ser insuficiente y distorsionador del proceso que se busca corregir", sostuvo el gremio.
La SNMPE sostuvo que el Reinfo, creado como medida temporal, extendió su vigencia por años sin resultados concretos y no ha logrado formalizar ni al 3 % de sus inscritos. Según el gremio, el registro se transformó en un "blindaje perfecto" para operar al margen de la ley, al permitir actividades mineras sin condiciones ambientales, sin seguridad para los trabajadores y sin control de explosivos.
El sector minero energético demandó al Gobierno señales claras de compromiso en la lucha contra la minería ilegal y un equipo técnico capaz de ejecutar políticas públicas eficaces y concluir el proceso de formalización a la brevedad.
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