Minería ilegal: gobierno anuncia medidas, pero especialistas advierten sobre el Reinfo

En su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta anunció que su gobierno usará las herramientas que le da la Constitución para recuperar los territorios tomados por la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado, mediante decretos de urgencia, facultades legislativas y modernización policial. Sin embargo, especialistas advierten que la minería ilegal apareció diluida dentro de una estrategia general contra el crimen organizado, sin capítulo propio.

Perú exhibe cifras económicas favorables en minería, con exportaciones que superan los US$21.000 millones y una cartera de inversión que bordea los US$64.000 millones. No obstante, la minería ilegal e informal constituye hoy la economía ilícita más grande del país, por encima del narcotráfico, según la información difundida por el medio Infobae Perú.

Silencio sobre el Reinfo

En un discurso con espacio para el crimen organizado, la presidenta no mencionó una sola vez al Reinfo, el mecanismo que la propia industria minera formal identifica como el principal “camuflaje jurídico” de la minería ilegal. Ese silencio no es menor, según el análisis difundido.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha sido más explícito: reconoció que, al renovarse el Congreso, la Ley MAPE “vuelve a foja cero”. No obstante, consultado sobre una eventual ampliación del Reinfo, no la descartó.

“De ahí que el primer reto de este gobierno sea de coherencia, no basta con hablar duro sobre crimen organizado si, en la letra chica de la política sectorial, se sigue abriendo la puerta a una nueva prórroga.”

Retos normativos e institucionales

El segundo reto es normativo: la ley necesita plazos definitivos, no vocación de permanencia. Cada requisito de formalización —titularidad de concesión, instrumento ambiental, contrato de explotación— debe tener fecha límite y consecuencias reales para quien no la cumpla. Un proceso sin plazos, como ha sido el Reinfo, es una zona gris donde conviven, sin distinción, el minero que sí quiere ordenarse y el que usa el registro como licencia para extraer, transportar y comercializar mineral ilegal sin fiscalización.

El tercer reto es institucional: diferenciar con claridad la minería informal de la ilegal, con responsabilidades precisas para cada entidad del Estado. La formalización le corresponde al Minem, en coordinación con los gobiernos regionales; la persecución del delito exige articulación real entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.

Control de plantas de beneficio

El punto donde el gobierno puede lograr un efecto multiplicador con relativamente pocos recursos es el control de las plantas de beneficio. A diferencia de la extracción —dispersa en miles de puntos, muchos en zonas remotas—, el mineral extraído ilegalmente tiene que pasar, en algún momento de la cadena, por una planta procesadora antes de volverse un producto comercializable.

Son relativamente pocas, están identificadas, y son el cuello de botella natural de la economía ilegal minera. La trazabilidad debe pensarse no solo desde la extracción, sino sobre todo desde el procesamiento, exigiendo condiciones técnicas y financieras para comprar y procesar minerales y acabando con la libre disponibilidad de minerales sin origen verificado.

Si a esto se suma la articulación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Sunat para rastrear los flujos de dinero asociados a esas plantas, el Estado tendría, por primera vez, un punto de control real sobre una cadena que hoy se mueve casi con total impunidad entre la extracción informal y la exportación formal.

Los primeros cien días

Los primeros cien días serán determinantes, no porque la Ley MAPE deba aprobarse en ese plazo, sino porque ahí se verá si los anuncios se traducen en una propuesta firme, con las plantas de beneficio como punto de control central, o si el gobierno termina cediendo, una vez más, a la presión de ampliar el Reinfo.

Perú tiene una ventana de oportunidad minera excepcional. Pero se construye también puertas adentro, ordenando lo que durante más de una década se ha permitido crecer en la informalidad y la ilegalidad. El nuevo gobierno tiene la evidencia, el mandato y la fecha límite del 31 de diciembre. Lo que todavía no se sabe es si tendrá la voluntad política para no repetir los mismos errores.