La minería ilegal mueve un caudal que supera la capacidad de los operativos en la selva. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), este año se exportarían al menos US$ 16,000 millones en oro de origen ilegal, más de la mitad del volumen exportado. La cifra, difundida por el diario Gestión en un análisis de opinión firmado por Martin Fariña von Buchwald (LXG Capital), sitúa al oro ilegal como una de las principales fuentes de lavado de dinero del crimen organizado internacional, según el propio texto.
El dato surge en un contexto de mayor cooperación entre Perú y Estados Unidos. Este mes, el general Francisco Donovan, jefe del Comando Sur del Pentágono, visitó el país y la Amazonia para reforzar la lucha contra las redes criminales. Según The Wall Street Journal, esa cooperación incluye drones, inteligencia y embarcaciones no tripuladas que vigilan los ríos.
El oro ilegal no fluye solo: necesita una maquinaria formal
Semejante volumen no se explica solo por la extracción en zonas remotas. Requiere una estructura formal: procesadoras y mineras que compran mineral de terceros sin garantizar su trazabilidad y lo transforman en barras doré para exportarlas mediante navieras y aerolíneas internacionales. Según el análisis, probablemente solo cinco empresas cubren el 80% del volumen.
El punto de intervención más eficaz, sostiene el texto, está en esas empresas formales. A cada una bastaría hacerle cuatro preguntas sobre las concesiones que le venden mineral: ¿cuál fue el plan de minado?, ¿tienen estudios geológicos y ambientales?, ¿consumen energía?, ¿cuál es su ley de oro? Si no saben responder y aun así siguen comprando, están eligiendo no saber. Ante la justicia estadounidense, elegir no saber puede probar conocimiento.
No es una hipótesis. Empleados de NTR Metals, en Miami, fueron condenados a entre seis y siete años de cárcel federal por conspirar para lavar dinero con oro de minería ilegal comprado en el Perú y otros países sudamericanos. Su oficial de cumplimiento les había advertido que compraban oro ilegal y siguieron adelante.
El sello del oro y la ruta financiera
El sello que debía cerrarle el paso a ese oro tampoco funciona. La London Bullion Market Association (LBMA) nació para garantizar la pureza de los lingotes, no su origen. Según una investigación de The New York Times, esta asociación, financiada y dirigida por gigantes como la japonesa Asahi, rara vez verifica en el terreno. En Madagascar ayudó a rehacer y antedatar un informe para que una refinería apareciera libre de abusos; cuando supo que otra refinería había recibido oro ilegal de la Amazonia, no movió un dedo.
Las barras doré salen por el Callao y se cobran con transferencias que pasan por bancos estadounidenses. Esa huella es el punto débil. Por eso el análisis plantea que no basta con el Pentágono: deben actuar FinCEN, la unidad de inteligencia financiera del Tesoro, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la mano de la UIF y el Ministerio Público peruanos.
La supervisión estadounidense debe alcanzar también a los asesores de inversión registrados (RIA) de Miami y a los bancos privados que atienden a los dueños de esas empresas. Existe un vacío: la regla de FinCEN que obligaría a los RIA a tener programas antilavado y a reportar operaciones sospechosas fue postergada hasta el 2028 y su alcance está en revisión.
El texto también advierte que parte de lo decomisado en Estados Unidos debería volver al Perú mediante acuerdos de restitución, con controles independientes, para proteger a jueces, fiscales, periodistas y líderes indígenas que enfrentan a la minería ilegal, y para rescatar a las víctimas de trata.
El trabajo del general Donovan es importante, pero los bosques y ríos del Perú necesitan algo más: que la ley llegue hasta el último beneficiario de su devastación. La decisión pendiente está en Washington, donde la regla antilavado para los asesores de inversión sigue en revisión y su aplicación plena fue postergada hasta 2028.
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