El puente Castillo Grande dejó hace tiempo de ser únicamente una obra inconclusa. Hoy representa algo más grave: la incapacidad del Estado regional para convertir anuncios, expedientes y millones de soles en una infraestructura terminada. Cuatro años después de la paralización, la población sigue mirando el mismo problema mientras las fechas cambian, los presupuestos crecen y aparecen nuevas observaciones técnicas. Para Diario Ahora, esa sucesión ya no puede explicarse como un simple retraso administrativo.
En 2024 se anunció que los trabajos serían retomados. No ocurrió. Después se trasladó la expectativa a 2025. Tampoco ocurrió. Ahora, en agosto de 2026, el Gobierno Regional aprobó un nuevo expediente técnico de saldo de obra por más de S/56,5 millones. La cifra es suficientemente importante como para exigir algo más que otra ceremonia, otra declaración o un nuevo cronograma: exige certezas técnicas y responsabilidades políticas sobre lo ocurrido.
La preocupación aumenta porque el expediente no nace sobre terreno limpio. La Contraloría advirtió en junio de 2026 deficiencias en entregables relacionados con componentes esenciales del puente, entre ellos tirantes, pilón central y subestructura. Es decir, estamos hablando de elementos que no son decorativos ni secundarios. Que el Gobierno Regional haya aprobado posteriormente el expediente no elimina esas advertencias ni debería convertirlas en una nota al pie.
Aquí está el problema de fondo. Cada nuevo anuncio pretende marcar un comienzo, pero la ciudadanía ya ha escuchado demasiados comienzos. En 2024 se habló de S/18 millones para reanudar la construcción. En 2025 volvió a anunciarse que la obra se reiniciaría durante ese año. Ninguna de esas fechas terminó con el puente operativo. Mientras tanto, el costo proyectado del saldo supera hoy los S/56 millones.
También resulta preocupante que, paralelamente, el propio Gobierno Regional anuncie acciones para recuperar más de S/11 millones por un supuesto perjuicio económico vinculado al contrato anterior. Si existen recursos públicos que la entidad considera comprometidos o perdidos, corresponde que las acciones administrativas, civiles o las que resulten pertinentes avancen con transparencia. Pero recuperar dinero —si finalmente corresponde— no sustituye la obligación principal: terminar bien una obra que lleva años detenida.
No se trata de pedir velocidad a cualquier precio. Sería irresponsable reclamar que se construya ignorando observaciones técnicas. Lo que corresponde exigir es exactamente lo contrario: que no se vuelva a improvisar. Un puente no puede convertirse en campo de ensayo para expedientes deficientes, decisiones apresuradas o cálculos que luego deban corregirse con más presupuesto público.
La población de Leoncio Prado no necesita una nueva fecha para archivar junto a las anteriores. Necesita saber cuándo empezará realmente la obra, con qué financiamiento garantizado, bajo qué condiciones técnicas y quién responderá si el nuevo expediente vuelve a fracasar.
Diario Ahora sostiene que cuatro años son suficientes para dejar de medir esta historia por anuncios y comenzar a medirla por resultados. El próximo cronograma solo tendrá valor cuando las máquinas vuelvan a trabajar y el avance pueda comprobarse. Hasta entonces, cada nueva promesa tendrá que cargar con el peso de todas las que quedaron pendientes.
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