Meta a juicio: Un tercio de jóvenes sufre uso problemático de sus redes

Meta enfrenta una demanda histórica de $2 mil millones por acusaciones de priorizar ganancias sobre la seguridad de niños, mientras 1 de cada 3 adolescentes en Nuevo México sufre uso problemático.

Los argumentos finales comenzaron el lunes en un juicio crucial en Nuevo México, donde Meta, gigante de redes sociales con más de 3.98 mil millones de usuarios, es acusada de engañar a sus usuarios sobre la seguridad de sus plataformas para niños. La fiscalía pide una multa de $2 mil millones.

Según la investigación publicada por Fortune, este caso se suma a una creciente ola de litigios que cuestionan el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil a nivel global. Un estudio reciente de 2023 reveló que más del 90% de los adolescentes peruanos utilizan redes sociales a diario, exponiéndolos a los mismos riesgos que ahora se debaten en EE. UU., generando alarma entre padres y educadores.

Meta, bajo el microscopio por $2 mil millones en multas

El juicio, que ha durado seis intensas semanas, concluyó su fase de testimonios con la presentación de los alegatos finales. Docenas de testigos, incluyendo profesores locales, expertos psiquiátricos, investigadores estatales, altos funcionarios de Meta y ex-empleados denunciantes, han desfilado por el tribunal. La fiscalía de Nuevo México acusa a Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, plataformas usadas por millones de jóvenes diariamente— de haber priorizado sus ganancias billonarias por encima de la seguridad y el bienestar de los menores, incumpliendo las leyes estatales de protección al consumidor. Se ha puesto el foco en la opacidad y el diseño de sus complejos algoritmos, así como en las configuraciones y características de mensajería que, según los demandantes, facilitan el acceso a contenido dañino.

¿Diseño adictivo o errores? La estrategia de Meta en tela de juicio

La abogada de la acusación, Linda Singer, enfatizó ante el jurado que los jóvenes están “perdiendo el control” y “pasando demasiado tiempo en los productos de Meta”. Singer afirmó que Meta conocía esta situación y no la reveló, y que sus algoritmos recomendaban contenido sensacionalista y perjudicial a adolescentes. Además, la empresa habría fallado en aplicar su edad mínima de uso de 13 años de forma efectiva. "Los problemas de seguridad no fueron errores; fueron producto de una filosofía corporativa que eligió el crecimiento y el compromiso por encima de la seguridad de los niños", sentenció Singer, destacando que 1 de cada 3 adolescentes experimentó un "uso problemático", incluso adicción, según investigaciones internas de la propia Meta de hace una década.

La defensa de Meta: Compromiso con la seguridad, pero con límites

Los abogados de Meta han rebatido estas acusaciones, argumentando que la compañía incorpora protecciones robustas para los adolescentes y trabaja activamente en la eliminación de contenido dañino. Sin embargo, reconocieron que algunas publicaciones potencialmente perjudiciales logran eludir sus filtros de seguridad. Ejecutivos de Meta, incluido Mark Zuckerberg y el jefe de Instagram, Adam Mosseri, han insistido en que la empresa mejora continuamente sus herramientas de seguridad y aborda el uso compulsivo sin infringir la libertad de expresión o censurar a los usuarios, aunque la fiscalía mostró que las garantías públicas a menudo no coincidían con estudios y comunicaciones internas de la compañía.

¿Un "caldo de cultivo" para depredadores digitales?

Singer instó a los jurados a imponer una sanción civil de más de $2 mil millones contra Meta, basándose en una multa máxima de $5,000 por violación en dos cargos de protección al consumidor y un estimado de 208,700 usuarios mensuales de las plataformas de Meta menores de 18 años en Nuevo México. Esta cifra de usuarios es solo una fracción de los aproximadamente 17 millones de habitantes del estado. El Fiscal General, Raúl Torrez, quien presentó la demanda en 2023, ha ido más allá, acusando a Meta de crear un "caldo de cultivo" para depredadores de niños. Investigadores estatales crearon cuentas de redes sociales simulando ser menores para documentar solicitaciones sexuales en línea y la respuesta de Meta, encontrando un patrón preocupante. Se espera una segunda fase del juicio donde un juez determinará si Meta creó una "molestia pública" y debería financiar programas para abordar los daños.

La "Sección 230" y la lucha por la responsabilidad tecnológica

Tradicionalmente, las empresas tecnológicas han estado protegidas de responsabilidad por el contenido publicado en sus plataformas gracias a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EE. UU., una disposición de 30 años de antigüedad, así como por la Primera Enmienda. Sin embargo, la fiscalía de Nuevo México no busca responsabilizar a Meta por el contenido en sí, sino por el papel de sus complejos algoritmos en la difusión de material que puede ser adictivo y perjudicial para los niños. Este enfoque es crucial y podría sentar un precedente importante a nivel nacional, abriendo nuevas vías legales para responsabilizar a las empresas por el diseño de sus plataformas.

¿Estamos en un punto de inflexión para la regulación de redes sociales?

El jurado, compuesto por residentes del condado de Santa Fe, incluida la capital estatal conocida por su progresismo, decidirá si Meta violó la Ley de Prácticas Desleales del estado en dos cargos, incluyendo "prácticas comerciales desmesuradas". Un hallazgo de violaciones intencionales podría abrir el camino a multas de hasta $5,000 por infracción, lo que podría sumar miles de millones de dólares, según los fiscales. Este caso es un "caso testigo" y, junto con un juicio similar en California donde un jurado ya está deliberando si Meta y YouTube son responsables de los daños a niños, podría redefinir el panorama legal para miles de demandas parecidas en todo el país. El resultado no solo impactará a Meta, una empresa valorada en más de 1.25 billones de dólares, sino que también enviará una señal clara sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de sus usuarios más jóvenes, con posibles repercusiones regulatorias a nivel global en la próxima década.

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