Viña del Río: Jara deriva responsabilidad al Gorehco y regidores exigen expediente

El alcalde Antonio Jara afirmó que la Municipalidad Provincial de Huánuco entregó el terreno de la laguna Viña del Río al Gobierno Regional de Huánuco el 17 de noviembre de 2025 y que, desde entonces, la entidad regional asumió la responsabilidad de ejecutar el proyecto. Sin embargo, durante la sesión ordinaria del concejo del 21 de julio, regidores advirtieron que aún necesitan conocer el expediente técnico completo, la factibilidad del servicio de agua potable, el estudio de tránsito y las autorizaciones que corresponderían si la intervención afecta árboles. La controversia tendrá un siguiente episodio el viernes 31 de julio, a las 3:00 de la tarde. Jara anunció que invitó al gobernador regional a exponer ante el concejo los componentes, el plazo, el monto y las condiciones de ejecución de Viña del Río. La presentación se producirá después de la instalación del cerco metálico que originó la intervención de la Fiscalía Ambiental y cuando todavía persisten preguntas dentro de la propia municipalidad sobre los documentos que respaldan los trabajos preliminares. Fiscalía recibió documentos municipales Jara informó que la Fiscalía le otorgó 48 horas para remitir la documentación relacionada con la transferencia. Según su versión, tres fiscales adjuntos acudieron aproximadamente a las 10:00 de la mañana a la Gerencia General de la municipalidad y recibieron el convenio, las actas y la información que sustentó la designación del Gobierno Regional como unidad ejecutora. El alcalde cuestionó las declaraciones previas del fiscal ambiental porque, aseguró, había conversado con él desde la madrugada del sábado y le había explicado la transferencia. También negó que el Gobierno Regional o la empresa hayan solicitado a la municipalidad autorización para talar, trasladar o intervenir árboles en Viña del Río. Ese dato resulta central: la entrega del terreno explica quién ejecuta el proyecto, pero no responde por sí sola si existen todos los permisos técnicos y ambientales para cada intervención. Jara insistió en que ninguna autoridad puede realizar aquello que la ley prohíbe y añadió que, si la obra estuviera a cargo de la municipalidad, él tendría que asumir directamente esa responsabilidad. El alcalde defendió la transferencia al señalar que la comuna dispone de alrededor de S/4 millones anuales para ejecutar obras en los 13 distritos de la provincia. También criticó que opositores al proyecto no hayan presentado alternativas por escrito y atribuyó parte de la controversia al año electoral. La exposición del 31 de julio deberá resolver la contradicción principal: el Gobierno Regional ya recibió el terreno y ha instalado un cerco, pero el concejo provincial todavía espera conocer el expediente, los permisos, el costo, el plazo y el impacto real del proyecto. Jara anunció que, después de escuchar al gobernador y a los especialistas, el concejo definirá su posición. Una transferencia que no despeja todas las dudas Jara afirmó que la entrega del terreno formó parte del convenio suscrito con el Gobierno Regional y era necesaria para que esa entidad elaborara el perfil, desarrollara el expediente y ejecutara la obra. “Ellos son responsables”, remarcó al señalar que la comuna cumplió con proporcionar lo requerido y que ya no le corresponde explicar las decisiones técnicas adoptadas por la unidad ejecutora. El alcalde también confirmó que el proyecto se desarrolla bajo la modalidad de llave en mano, por la cual la empresa contratada participa en el diseño, la elaboración del expediente y la ejecución. No obstante, evitó pronunciarse sobre si la instalación del cerco podía comenzar con el expediente aún en desarrollo y sostuvo que ese asunto debe ser respondido por los funcionarios regionales. La posición municipal encontró reparos en el concejo. Durante el debate, regidores sostuvieron que las partidas provisionales, incluido el cerco perimétrico, deberían comenzar con un expediente técnico aprobado y pidieron que el Gobierno Regional entregue una copia completa del proyecto. También solicitaron la participación de un representante de Seda Huánuco para precisar si existe factibilidad de suministro de agua, debido a las redes que atraviesan el entorno de la laguna. Otra preocupación fue el impacto vial. Uno de los regidores señaló que una intervención de esa magnitud y duración alterará el tránsito y cuestionó que no se haya mostrado el estudio correspondiente. Las observaciones no equivalen, por sí mismas, a una declaración de ilegalidad, pero revelan que el concejo que autorizó el convenio todavía busca conocer condiciones sustantivas de la obra.

LEYENDA Foto: Huánuco Informa