Viña del Río: Fiscalía advierte expediente inconcluso mientras Pulgar anuncia inicio de la obra

El expediente técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto de Viña del Río todavía no estaban concluidos durante las diligencias efectuadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, afirmó el fiscal provincial César González Ramos. El representante del Ministerio Público advirtió que, bajo esas condiciones, no puede iniciarse la ejecución de la obra pública. La intervención fiscal continúa en etapa de acopio y evaluación documental, sin una decisión definitiva sobre eventuales responsabilidades. La declaración contradice la posición del gobernador regional Antonio Pulgar, quien reconoció que el Gobierno Regional de Huánuco instaló el cerco alrededor de la laguna y afirmó que los trabajos debían comenzar. Pulgar sostuvo que el terreno tiene libre disponibilidad desde el año anterior, que el proyecto se ejecutará bajo la modalidad de llave en mano y que cuenta con los documentos necesarios. Dos instrumentos todavía inconclusos González Ramos informó que la Fiscalía, con participación de la Policía Ambiental, realizó verificaciones simultáneas en el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Huánuco y el área cercada. Según declaró, las diligencias permitieron conocer el estado del expediente técnico y del instrumento ambiental. “Si no está concluido, no puede ejecutarse un proyecto de inversión pública. Necesariamente tiene que estar concluido y aprobado”, manifestó. El fiscal añadió que los estudios hídricos, forestales y de flora y fauna que correspondan deben encontrarse incorporados en el expediente técnico y en el estudio de impacto ambiental. No basta, señaló, con presentar documentos administrativos aislados: estos deben responder a los parámetros técnicos y ambientales aplicables al proyecto. “Esos dos aspectos que se fueron a recabar todavía no se encuentran concluidos”, aseguró González Ramos. La certificación ambiental tampoco quedó esclarecida. El fiscal indicó que el Gobierno Regional informó haber superado ese requisito, pero precisó que la afirmación debía estar acompañada por documentación para ser evaluada. Pulgar sostuvo que el proyecto cuenta con certificación, estudio de impacto y demás instrumentos exigidos. Cerco es considerado una intervención constructiva La Fiscalía considera que la instalación del cerco no es un acto meramente preparatorio sin consecuencias jurídicas. González Ramos sostuvo que se trata de un proceso constructivo realizado sobre un espacio recreacional de uso público y que, por tanto, necesitaría autorización expresa de la Municipalidad Provincial de Huánuco. “No estamos hablando de una obra menor, sino de un área recreacional”, remarcó. Para el fiscal, la libre disponibilidad invocada por Pulgar no sustituye las licencias o autorizaciones necesarias para intervenir áreas verdes, colocar instalaciones o restringir el acceso ciudadano. La entrega del terreno permitiría desarrollar el proyecto mediante convenio, pero no eliminaría las competencias municipales ni las exigencias ambientales. González Ramos confirmó que Viña del Río es una laguna artificial. Esa condición, sin embargo, no resuelve por sí sola qué autorizaciones necesita la obra ni excluye la fiscalización de los componentes ambientales, urbanísticos y recreacionales del espacio. La afectación de árboles y áreas verdes tampoco puede establecerse definitivamente mientras no se conozca la versión aprobada del expediente. El fiscal señaló que las medidas de protección deben aparecer expresamente incorporadas en los documentos técnicos. Pulgar pasó de “casi listo” a “terminado” Pulgar defendió la intervención señalando que la municipalidad entregó el terreno con libre disponibilidad desde el año anterior. Afirmó que el cerco incluso pudo colocarse desde entonces, pero que el Gobierno Regional recién decidió instalarlo. El gobernador sostuvo que la modalidad de llave en mano permite que la elaboración o corrección del expediente y la ejecución sean desarrolladas dentro de un mismo contrato. Durante sus declaraciones afirmó primero que el expediente estaba en su etapa final y luego señaló que ya se encontraba terminado. También aseguró que la obra debía comenzar ese mismo día y que toda la documentación sería entregada a la Fiscalía. González Ramos rechazó que una modalidad contractual elimine las obligaciones técnicas y ambientales. “No es tan solo el hecho de dar cualquier documento de gestión ambiental”, declaró. Según explicó, los instrumentos deben encontrarse concluidos, aprobados y sujetos a fiscalización. La Fiscalía continuará examinando las resoluciones municipales, el expediente, los instrumentos ambientales y los documentos que sustentaron la instalación del cerco. Su pronunciamiento deberá establecer si la intervención tenía autorización, qué trabajos pueden ejecutarse y si alguna entidad o funcionario incumplió sus responsabilidades.