El expediente técnico de la laguna Viña del Río fue aprobado formalmente el 21 de agosto, pero el Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Huánuco afirma que todavía no ha recibido el documento completo, pese a haberlo solicitado reiteradamente al Gobierno Regional. El fiscal provincial especializado en materia ambiental, César Gonzales Ramos, también declaró que no contaba con el expediente necesario para evaluar el proyecto en su integridad.
La falta de acceso adquiere mayor relevancia porque el gobernador Antonio Pulgar dio por iniciada la intervención después de aprobarse el expediente por S/30 443 386,37 y un plazo de 540 días. Mientras la gestión regional anuncia doble turno, el gremio sostiene que no ha podido revisar sus componentes técnicos, autorizaciones ni planes de seguridad.
Mónica Ortega, decana regional del Colegio de Arquitectos, explicó que su institución solicita los expedientes de Viña del Río y la Alameda de la República desde junio. “Hasta el jueves de la semana pasada hemos reiterado nuevamente que se nos pueda facilitar los expedientes”, señaló.
Once láminas no reemplazan un expediente integral
Según Ortega, la única entrega parcial correspondió al proyecto de la Alameda. “Nos facilitaron once láminas que eran de planta, de arquitectura, pero nosotros necesitamos revisar un proyecto de manera integral”, precisó. La arquitecta sostuvo que el análisis también debe comprender las autorizaciones, condiciones ambientales, servicios, instalaciones eléctricas, seguridad y evacuación.
La decana remarcó que el pedido no responde a una oposición anticipada contra las inversiones. “No se puede hablar simplemente por referencias, sino que se requiere siempre el expediente completo”, manifestó.
En el caso de Viña del Río, Ortega indicó que el gremio conoció recientemente la aprobación administrativa y que solicitó a la Municipalidad Provincial de Huánuco informar si ya otorgó la licencia de edificación. Según explicó, la propuesta incluye infraestructura y espacios con aforo de público, por lo que también pidió los planes de seguridad y evacuación.
La Gerencia Regional de Infraestructura aprobó el expediente mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 454-2026-GRH/GRI, con un presupuesto total de S/30 443 386,37.
Fiscal ratifica exigencia municipal
El fiscal César Gonzales coincidió en que no corresponde emitir una conclusión sobre Viña del Río sin conocer su documentación técnica. Sostuvo que la Fiscalía no puede “pronunciar de fondo” porque, según explicó, “ni siquiera se tiene el expediente técnico” para conocer cómo está planteado el proyecto.
Gonzales ratificó, además, que la intervención de espacios públicos necesita autorización de la autoridad local. “Todo proyecto de inversión donde se ha de intervenir áreas verdes debe tener, mínimamente, la autorización municipal para el retiro o la afectación”, afirmó.
El fiscal enfatizó que la protección no desaparece por el transcurso del tiempo ni porque alguna persona alegue posesión sobre esos espacios. “Las áreas verdes son de uso y dominio público”, remarcó.
Ante una pregunta sobre una eventual transgresión, Gonzales respondió que la Policía debe intervenir cuando advierta flagrancia delictiva, independientemente de quién resulte involucrado. No atribuyó un delito específico al gobernador ni anunció una medida concreta contra el proyecto.
Viña del Río y Alameda tienen exigencias diferentes
La situación ambiental no es idéntica en ambas obras. Para la Alameda, el Informe n.° 000312-2026 del Ministerio del Ambiente concluyó que el proyecto requiere certificación ambiental previa por su intervención sobre vías colectoras y por los posibles impactos en el tránsito, el entorno urbano y el arbolado. La propuesta contempla el retiro o tala de 219 árboles y el traslado de otros 191 individuos arbóreos y palmeras.
Sobre Viña del Río, el especialista ambiental presentado por el Gobierno Regional sostuvo el 31 de julio que el proyecto no se encuentra comprendido en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y que, por ello, no requeriría certificación ambiental previa. En esa misma exposición reconoció que deben cumplirse las normas sectoriales sobre agua, residuos, ruido y suelos, además de tramitarse la autorización correspondiente para las obras de captación de agua.
Pulgar declaró el 24 de agosto que la obra ya había comenzado y que se ejecutará en doble turno. Con el expediente aprobado, la controversia inmediata ya no gira alrededor de su existencia, sino de su entrega a las instituciones que han pedido revisarlo y de las autorizaciones municipales y sectoriales aplicables. El acta de inicio, las primeras partidas y los reportes de supervisión deberán mostrar en qué condiciones comenzó realmente la intervención.
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