El conflicto por la delimitación territorial en el sector de Tazo Chico, entre las provincias de Huamalíes y Huacaybamba, ha ingresado a una etapa clave. La especialista en delimitación territorial, Guadalupe Laos Jaramillo, informó que el proceso ya se encuentra en fase de dirimencia, lo que significa que el Gobierno Regional asumirá la responsabilidad de resolver la controversia ante la falta de consenso entre ambas provincias.
Según explicó, cada provincia presentó una propuesta de límites completamente distinta, con una diferencia del 100%, lo que impidió alcanzar un acuerdo. Por ello, en enero de 2025 se suscribió un acta de no consenso, mediante la cual ambos alcaldes provinciales dejaron en manos del Gobierno Regional la definición final del límite.
La funcionaria precisó que este conflicto no es reciente. El proceso se arrastra desde 2021 y durante ese tiempo se realizaron varias reuniones para intentar una salida concertada, pero no fue posible resolver la controversia. Ante ese escenario, la normativa habilita al Gobierno Regional a intervenir de forma directa a través del mecanismo de dirimencia.
Actualmente, el proceso presenta un avance del 70%, aunque todavía no puede cerrarse porque falta un elemento decisivo: los resultados del nuevo censo, que permitirán determinar cuánta población vive en la zona en disputa y cuál será el mecanismo legal que corresponderá aplicar.
Uno de los puntos centrales del caso es la cantidad de habitantes en Tazo Chico. Laos Jaramillo explicó que la norma establece un mínimo de 51 personas censadas para que pueda aplicarse una consulta a la población involucrada.
Si el nuevo censo confirma que se supera ese número, el Gobierno Regional deberá evaluar dos caminos. El primero es trasladar el proceso al Jurado Nacional de Elecciones para una consulta popular. El segundo es aplicar una consulta poblacional dirigida por el propio Gobierno Regional, con participación de instituciones como la ONPE, RENIEC y la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, si la población no alcanza ese mínimo, la delimitación ya no se resolverá mediante consulta, sino a través de una decisión técnico-legal coordinada con la Presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, la definición final quedará en manos de las autoridades, sobre la base de criterios normativos y técnicos.
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