El área de Imagen Institucional de SEDA Huánuco informó que la obra del Anillo Vial de Jactay se ha venido ejecutando sin contar con la factibilidad de agua y saneamiento desde su inicio en la gestión del exgobernador Juan Alvarado. Según la empresa prestadora, el proceso para regularizar este requisito indispensable recién fue activado por el actual contratista el pasado 23 de abril, fecha en la que se presentaron los expedientes que inicialmente fueron observados por falta de planos técnicos.
La entidad detalló que, tras subsanar hoy las deficiencias en la documentación, remitirá el expediente al Gobierno Regional de Huánuco (GOREHCO) este jueves 30 de abril. La reactivación de los trabajos en campo dependerá ahora de la celeridad con la que la unidad ejecutora emita una resolución aprobando el planteamiento técnico presentado por el Consorcio Cruz Verde, requisito previo para que SEDA otorgue el certificado final en un plazo de ocho días hábiles.
Esta versión institucional surge como respuesta a las protestas de los vecinos de la zona alta, quienes mantienen paralizadas las faenas debido a la incertidumbre sobre las redes de arrastre hidráulico. SEDA Huánuco precisó que mañana viernes enviará una carta formal al contratista para que este gestione ante el GOREHCO la aprobación del nuevo planteamiento, trasladando la responsabilidad de la demora administrativa a la esfera del gobierno regional y la empresa constructora.
El origen de la parálisis administrativa
SEDA Huánuco afirma que el proyecto arrastra vicios de origen que impiden su continuidad normal. Juan Saúl Misaico, presidente del asentamiento humano Los Ángeles, había denunciado previamente que el consorcio Cruz Verde suspendió las labores alegando precisamente la falta de factibilidad. Sin embargo, los nuevos datos indican que el expediente de saldo de obra heredó la carencia de permisos de la gestión anterior, lo que ha forzado una regularización de emergencia en medio de la ejecución.
Misaico, quien representa a los sectores de Aparicio Pomares y Capilla Puelles, sostuvo que la desidia administrativa afecta a cien obreros que han quedado sin empleo y a miles de familias que deben transitar entre zanjas abiertas y lodo. Para el dirigente, tanto SEDA como el GOREHCO han fallado en la supervisión preventiva, permitiendo que una obra con un 60% de avance físico se detenga por trámites que debieron resolverse antes de colocar la primera piedra.
Por su parte, la EPS insistió en que su actuación se ciñe a los plazos de ley tras la subsanación de los planos realizada este miércoles. Una vez que el gobierno regional, liderado por Antonio Pulgar, formalice la resolución de aprobación técnica, SEDA contará con poco más de una semana para cerrar el ciclo de autorizaciones de agua y saneamiento que debió estar listo hace dos años.
Cronograma de reactivación y tensiones abiertas
El cronograma fijado por las instituciones establece que el documento clave llegará a manos del GOREHCO este jueves. A partir de ese momento, la presión social se trasladará a la sede regional, donde los técnicos deberán validar el planteamiento del consorcio para que la EPS emita el certificado definitivo. Según los acuerdos preliminares con la población, este proceso administrativo podría extenderse por otras dos semanas antes de que se vea maquinaria nuevamente en la vía.
Mientras los plazos burocráticos se cumplen, el malestar en Jactay persiste por el estado de la infraestructura. El dirigente Misaico advirtió que el comité de vigilancia no depondrá su estado de alerta hasta que la resolución regional sea publicada y se garantice que el levantamiento del asfalto se realizará solo en las zonas críticas señaladas en el expediente de saldo, evitando mayores perjuicios a la transitabilidad.
El caso del Anillo Vial deja abierta una interrogante sobre la calidad de la supervisión estatal en proyectos de gran envergadura. El siguiente capítulo de este conflicto se escribirá en las oficinas del GOREHCO, donde se determinará si la resolución técnica se emite con la celeridad que exige la emergencia urbana o si el proyecto se suma a la lista de obras trabadas por discrepancias entre entidades del mismo Estado.
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