Hay algo profundamente indignante en ver a una familia sacar el agua y el lodo de su casa mientras la empresa encargada de garantizarle un servicio básico no ofrece respuestas oportunas. Eso ocurrió en Los Carrizales. Y lo que debería preocuparnos no es únicamente la rotura de una tubería, sino la enorme distancia que parece existir entre quienes administran Seda Huánuco y quienes padecen las consecuencias de sus problemas.
El agua no es un favor. Es un servicio que los ciudadanos pagan y tienen derecho a recibir en condiciones adecuadas. Cuando una familia pierde sus pertenencias, pasa horas sin abastecimiento y debe insistir una y otra vez para ser atendida, algo está fallando mucho más allá de una conexión averiada.
Lo ocurrido adquiere mayor gravedad frente al documento que la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado (FENTAP) remitió al Ministerio de Vivienda. Allí se solicita la remoción de la plana gerencial de Seda Huánuco y se exponen indicadores preocupantes: un cumplimiento regulatorio de apenas 67,60 %, frente al mínimo exigido de 85 %, y una ejecución financiera de inversiones del 49 % durante el periodo evaluado.
Estas cifras, recogidas en el reclamo sindical, necesitan explicaciones documentadas. Pero también plantean una pregunta inevitable: ¿qué resultados concretos puede mostrar una empresa que permanece bajo administración extraordinaria desde diciembre de 2020?
Desde Diario Ahora sostenemos que ninguna gerencia debe considerarse intocable. La permanencia en un cargo público o en una empresa de servicio público tiene que justificarse con capacidad, transparencia y resultados. Tampoco creemos que cambiar funcionarios, por sí solo, resolverá problemas acumulados. Sería demasiado sencillo sustituir nombres mientras las deficiencias permanecen.
La evaluación debe alcanzar igualmente al OTASS, responsable de conducir esta intervención. Si el régimen extraordinario fue concebido para recuperar la empresa, corresponde conocer cuánto se avanzó, qué inversiones siguen pendientes y por qué persisten las dificultades operativas. Seis años constituyen tiempo suficiente para exigir un balance serio.
También corresponde investigar las observaciones sobre contrataciones, inversiones y administración del personal recogidas en el documento sindical. Investigar no significa condenar anticipadamente. Significa revisar expedientes, escuchar las explicaciones correspondientes y establecer responsabilidades donde las pruebas lo permitan.
Mientras tanto, el ciudadano continúa enfrentando la parte más dura del problema. Porque para una madre que limpia el barro de su vivienda, o un trabajador que llega a casa y encuentra el caño seco, poco significan las siglas, los informes o las disputas administrativas.
Huánuco no necesita otra ronda de promesas. Necesita mantenimiento preventivo, inversiones ejecutadas, atención oportuna y funcionarios capaces de responder cuando las cosas salen mal.
Nuestra posición es clara: exigimos una evaluación pública de la gestión de Seda Huánuco, decisiones sustentadas y plazos verificables para corregir sus deficiencias. El Ministerio de Vivienda y el OTASS deben responder con hechos.
La paciencia ciudadana no puede convertirse en el principal recurso de una empresa de agua. Y mucho menos cuando quienes esperan soluciones son también quienes pagan las facturas.
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