La anulación de una constancia de posesión otorgada a uno de dos particulares que reclamaban tierras en el sector La Ribera, en Puerto Inca, fue presentada por la defensa de la comunidad como un primer avance en un conflicto que, según el abogado Wellington Ventura, arrastra meses de tensión y episodios de violencia. El letrado sostuvo que la solicitud de nulidad fue iniciada ante la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco y que la respuesta lleva fecha 5 de marzo de 2026.
Ventura señaló que las constancias de posesión fueron emitidas a nombre de Abel Justo Zuñiga Atachagua y Arnaldo Tello, quienes, según manifestó, aparecieron con documentos que los presentaban como posesionarios de tierras ocupadas por el sector La Ribera. De acuerdo con su versión, el área en disputa comprende más de 500 hectáreas y es habitada por más de 30 pobladores, por lo que consideró irregular que dos personas aparecieran con documentos sobre ese espacio.
Según indicó el abogado, la comunidad inició gestiones desde julio de 2025 para cuestionar la validez de esas constancias. Ventura afirmó que el proceso fue “bastante difícil” porque, durante ese periodo, se registraron enfrentamientos entre los pobladores y quienes ingresaban al sector. También aseguró que existen videos, denuncias en la comisaría de Puerto Inca e intervenciones de la Fiscalía de Medio Ambiente relacionadas con los hechos.
Un expediente resuelto y otro pendiente
Ventura precisó que, hasta ahora, la nulidad solo habría alcanzado a la constancia vinculada a Zuñiga Atachagua, mientras que el caso de Arnaldo Tello sigue pendiente. Según explicó, ambos documentos tendrían la misma fecha, habrían seguido el mismo trámite y habrían sido otorgados el mismo día, aunque la entidad habría optado por separarlos en expedientes individuales por razones administrativas.
El abogado sostuvo que el conflicto se ubica en Puerto Inca, distrito de Yuyapichis, en el margen del río Pachitea. Añadió que la situación generó un clima de inestabilidad entre los moradores de La Ribera, a quienes describió como expuestos a enfrentamientos casi cotidianos. Según su relato, algunas personas ingresaban con el rostro cubierto y, en ciertas ocasiones, lanzaban dinamita al lugar.
Ventura afirmó además que los dos involucrados cuentan con documentos del Reinfo y vinculó esa condición con presuntas actividades mineras en la zona. También indicó que la comunidad solicitó garantías personales ante la Prefectura de Puerto Inca, pero, según su versión, los aludidos alegaban tener constancias de posesión y el derecho de ingresar a los terrenos que reclamaban como propios.
¿Qué falta por resolver en Agricultura?
Consultado sobre el origen de los documentos, Ventura señaló al ingeniero Sixto Arce Cárdenas como la persona que habría otorgado las constancias de posesión. Según manifestó, la comunidad no ha recibido una explicación de por qué se emitieron esos documentos. Mientras esperan la notificación formal sobre el segundo expediente, el caso mantiene abierta una pregunta central para los pobladores de La Ribera: si la nulidad del primer documento será el inicio de una decisión integral o apenas un avance parcial en un conflicto que aún no termina.
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