Proyecto de cuatro carriles podría tardar cuatro años mientras sigue suspendida rehabilitación de S/20 millones

Once kilómetros de la actual Carretera Central continúan sin la rehabilitación de aproximadamente S/20 millones que había previsto Provías Nacional, mientras el proyecto regional de cuatro carriles entre Huancachupa y La Esperanza permanece sin expediente técnico aprobado, presupuesto definitivo, adjudicación ni fecha acreditada de construcción. El jefe de la Unidad Zonal Huánuco de Provías Nacional, Gorky Lionel Bardales Díaz, explicó que la entidad no puede ejecutar esa intervención porque el tramo sigue bajo administración temporal del Gobierno Regional de Huánuco. En el escenario más favorable planteado por el propio funcionario, la nueva vía podría tardar tres años y eventualmente llegar a cuatro. La estimación contrasta con lo anunciado por el gobernador Antonio Pulgar, quien sostuvo que el proyecto estaría concluido aproximadamente en octubre y que la obra comenzaría inmediatamente. El cronograma presentado por el gerente general regional, Ronald Acuña Sobrados, muestra otra situación: en octubre recién se recibiría el tercero de tres entregables del expediente. S/20 millones fuera del tramo crítico La rehabilitación pendiente forma parte del contrato de conservación de la Carretera Central adjudicado al Consorcio Puma por aproximadamente S/65 millones. Dentro de esa intervención, Provías había proyectado destinar alrededor de S/20 millones a colocar una nueva superficie asfáltica en 11 kilómetros comprendidos entre el acceso a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y La Esperanza. Según Bardales, el tramo fue transferido temporalmente al Gobierno Regional en 2018 para permitir la ejecución del proyecto de cuatro carriles. Al verificar que la vía seguía bajo competencia regional, Provías detuvo la rehabilitación para evitar que dos entidades públicas invirtieran simultáneamente sobre la misma infraestructura. Esa explicación resuelve la restricción administrativa, pero deja pendiente el problema vial. Provías no ejecuta la rehabilitación y el Gobierno Regional todavía no está en condiciones de iniciar los cuatro carriles. En la práctica, la decisión ha colocado el tramo entre una intervención nacional suspendida y un megaproyecto regional todavía en fase de estudio. El material revisado no incluye la resolución que transfirió la administración, su periodo de vigencia ni la modificación del contrato con el Consorcio Puma. Provías deberá aclarar también si los S/20 millones serán reprogramados, descontados o destinados a otro sector, así como identificar quién asumirá el mantenimiento del tramo durante la espera. Octubre traería un entregable, no el comienzo de la obra La empresa mexicana interesada en el proyecto presentó el primero de tres entregables para actualizar el expediente técnico. Ese documento comprende los estudios básicos del corredor, realizados parcialmente entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana para reducir interferencias con el tránsito. El segundo entregable está previsto para finales de agosto y el tercero, que contendría el expediente completo, para los primeros días de octubre. Sin embargo, su presentación no equivale a una aprobación automática. Después deberán realizarse la evaluación técnica, el levantamiento de posibles observaciones, la aprobación del expediente, la determinación del costo final y la adjudicación mediante Obras por Impuestos. Bardales calculó un horizonte muy diferente al ofrecido por Pulgar. En su estimación más favorable habló de tres años y posteriormente advirtió que el proyecto “podría ser de aquí a tres años o cuatro años, no se sabe”. No es un cronograma oficial, pero sí la apreciación del funcionario de Provías después de considerar las etapas todavía pendientes. La referencia de Bardales a que el contrato de conservación tiene tres años de vigencia constituye un dato distinto. Ese plazo contractual no debe confundirse con su cálculo de tres a cuatro años para el proyecto de cuatro carriles. Una inversión de S/1,000 millones todavía preliminar La actualización del expediente había sido contratada inicialmente con recursos del Gobierno Regional, pero ese contrato fue resuelto. La administración decidió trasladar el proyecto al mecanismo de Obras por Impuestos y, según Acuña, otorgó una carta de relevancia a la empresa interesada en actualizar los estudios. El gerente general sostuvo que el Gobierno Regional no paga actualmente esa consultoría y que sus costos serían incorporados posteriormente a la estructura económica del proyecto. Esa modalidad no constituye por sí misma una irregularidad, pero exige transparencia: la entidad debe publicar la carta de relevancia, identificar a la empresa, precisar cuánto cuesta el estudio y explicar bajo qué condiciones ese gasto será reconocido. La cifra aproximada de S/1,000 millones mencionada por la Gerencia Regional tampoco puede presentarse como el costo definitivo. Acuña reconoció que el monto solo podrá establecerse cuando termine la actualización, pues los estudios pueden modificar metrados, componentes y necesidades técnicas. El material disponible tampoco identifica todavía a la empresa privada que financiaría la obra ni contiene un convenio de inversión o contrato de ejecución. Un tramo atrapado entre dos cronogramas Mientras se discute el megaproyecto, los usuarios siguen circulando por una vía deteriorada. Víctor Ceballos Matos, expresidente de la comisión de gestión y fiscalización de la Carretera Central, cuestionó que algunos baches hayan sido rellenados con tierra. Bardales respondió que se trata de trabajos manuales temporales y anunció la posterior colocación de material de base y asfalto en frío en sectores atendidos por Provías. La contradicción no es simplemente política. Una autoridad regional anuncia el inicio inmediato; su gerente describe varias etapas posteriores a octubre; y el responsable zonal de Provías calcula hasta cuatro años. Entretanto, una rehabilitación aproximada de S/20 millones permanece sin ejecutarse en 11 kilómetros del corredor. Los próximos controles verificables serán el segundo entregable de agosto, el tercero de octubre, la aprobación del expediente, el presupuesto definitivo y la adjudicación mediante Obras por Impuestos. Hasta que esas etapas se documenten, el hecho comprobable no es que Huánuco tenga asegurada una obra de S/1,000 millones, sino que perdió una intervención vial inmediata sin contar todavía con una fecha cierta para la obra que debía reemplazarla.