El abogado Alex Jaramillo anunció que su estudio jurídico presentó una acción de amparo y una medida cautelar contra el Gobierno Regional de Huánuco para impedir cualquier intervención física en la Alameda de la República mientras, según sostuvo, no se cumplan los procesos de participación ciudadana y evaluación ambiental relacionados con el proyecto. La solicitud busca que un juzgado detenga temporalmente los trabajos, pero todavía no se conoce una resolución judicial que haya ordenado esa suspensión. Jaramillo explicó que su demanda no pretende cancelar la inversión ni impedir definitivamente la recuperación del espacio público. Según su versión, el objetivo es que el proyecto retorne a una etapa de información y discusión con la ciudadanía, en la que las autoridades expliquen el alcance de la intervención, las medidas ambientales previstas y el tratamiento que recibirán los árboles ubicados en la Alameda. Traslado de árboles exige sustento técnico El abogado indicó que escuchó al gobernador regional Antonio Pulgar señalar que los árboles ya no serían talados, sino trasladados. Frente a ese anuncio, pidió precisar cuántos ejemplares serían movilizados, qué procedimiento técnico se emplearía, dónde serían reubicados y qué entidad comprobaría posteriormente su conservación. Jaramillo consideró que la sola promesa de traslado no resuelve las inquietudes existentes si no está acompañada por información técnica accesible y mecanismos de vigilancia. También planteó que en la revisión participen la Fiscalía Ambiental, los colegios profesionales, los colectivos ciudadanos y las entidades técnicas competentes. A su juicio, la presencia de estos actores permitiría observar el procedimiento y verificar las medidas aplicadas. Estas apreciaciones forman parte de la posición del demandante y no constituyen conclusiones establecidas por una autoridad judicial o ambiental. La obra no está judicialmente suspendida La presentación de una acción de amparo y una medida cautelar no paraliza automáticamente el proyecto. Para sostener que existe una suspensión tendría que conocerse un pronunciamiento del juzgado que conceda la cautelar y determine con claridad qué actuaciones quedan prohibidas, contra qué entidad se dicta la orden y durante cuánto tiempo tendrá efecto. Hasta el cierre de esta edición, Jaramillo no proporcionó el número del expediente judicial, la fecha de presentación, el juzgado que recibió la demanda ni el auto que pudiera haberla admitido. Tampoco exhibió una resolución que conceda o rechace la medida cautelar. La ausencia de esos datos impide verificar el estado procesal del pedido y obliga a presentar el anuncio como la versión del abogado, no como una decisión firme. La controversia se concentra ahora en dos planos distintos. En el político y técnico, el Gobierno Regional deberá explicar cómo intervendrá la Alameda y qué garantías aplicará respecto de los árboles. En el judicial, corresponderá conocer si la demanda fue admitida y si el juez considera necesaria una protección provisional. El siguiente paso verificable será obtener el escrito presentado, identificar el expediente y conocer el pronunciamiento sobre la cautelar. Mientras esos documentos no sean públicos, no corresponde afirmar que la obra quedó detenida ni que el juzgado respaldó los cuestionamientos de naturaleza ambiental formulados por Jaramillo.
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