El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria contra tres exfuncionarios implicados en la tramitación irregular de un pago correspondiente a una obra de irrigación ejecutada en el distrito de Jacas Grande, provincia de Huamalíes. Los procesados fueron declarados responsables del delito de negociación incompatible en agravio del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural). La decisión judicial recayó sobre Lizardo Calderón, Luis López y Manzueto Cabrera, quienes, según la acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, intervinieron indebidamente para favorecer el pago de la valorización número 14 del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego POGRIN”. Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó que la valorización presentada incluía metrados correspondientes a trabajos que no habían sido ejecutados. Asimismo, el documento mantenía observaciones técnicas formuladas por la supervisión de la obra, las cuales no fueron subsanadas antes de que los funcionarios promovieran la continuación del procedimiento administrativo y el desembolso del dinero. Las investigaciones determinaron que, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, los ahora sentenciados impulsaron el trámite y pago de 616 mil 175 soles con 18 céntimos a favor del Consorcio Irrigaciones. Esta actuación se produjo pese a que conocían que los trabajos valorizados no coincidían con el expediente técnico ni cumplían con las exigencias establecidas por la entidad contratante. Posteriormente, las acciones de control permitieron comprobar que Agro Rural realizó un pago en exceso de 187 mil 230 soles con 3 céntimos. Este desembolso irregular ocasionó un perjuicio económico a la institución estatal encargada de ejecutar proyectos destinados al desarrollo productivo y agrario de las comunidades rurales. Durante el proceso judicial, la defensa de los acusados presentó una excepción de prescripción para intentar concluir la causa. Sin embargo, el juzgado evaluó los argumentos expuestos y declaró infundado el pedido, permitiendo que el proceso continuara hasta la emisión de la sentencia. Finalmente, los tres exfuncionarios fueron condenados a cinco años de pena privativa de la libertad suspendida. Además, deberán pagar de manera solidaria 237 mil 230 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. La investigación y sustentación jurídica fueron desarrolladas por la fiscal provincial Isabel Fernández Aquino, integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, quien presentó los elementos probatorios que permitieron demostrar la responsabilidad de los procesados. El fallo representa un nuevo resultado en la lucha fiscal contra la corrupción pública.
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